El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, decidió no admitir la denuncia presentada por la Asociación para la Concordia en Oriente Medio (ACOM) en torno a las protestas registradas durante varias etapas de la Vuelta Ciclista a España. La querella alegaba supuestos delitos de odio, contra la seguridad vial, desórdenes públicos y lesiones, a raíz de manifestaciones contra la participación del equipo Israel-Premier Tech.
Según informó EFE, el magistrado argumentó que los hechos denunciados no encajan dentro de los delitos cuya instrucción corresponde a la Audiencia Nacional, como terrorismo o crímenes contra la Corona. En consecuencia, determinó que la vía adecuada serían los tribunales ordinarios, criterio que coincidió con el planteado por la Fiscalía.
La denuncia de ACOM señalaba a colectivos y organizaciones como Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (RESCOP), el movimiento Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS), además de los partidos EH Bildu, Sumar e Izquierda Unida, junto con el director técnico de la Vuelta, Kiko García. La asociación alegaba que las protestas incluyeron bloqueos intencionados de carreteras y conductas que pusieron en riesgo a ciclistas, espectadores y personal de seguridad.
ACOM, entidad que se define como promotora de la relación entre España e Israel y defensora contra el antisemitismo, incluso llegó a solicitar la cancelación de la competición. En contraste, colectivos propalestinos han insistido en que las movilizaciones buscan denunciar la presencia del equipo israelí mientras persisten los ataques contra la población palestina en Gaza y Cisjordania.
La resolución judicial deja el caso en manos de los juzgados locales, lo que implica que cualquier investigación posterior dependerá de que los denunciantes decidan presentar nuevas acciones en instancias ordinarias.
