La Justicia federal de Argentina dictó este jueves el procesamiento y prisión preventiva de Ariel Fernando García, propietario de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, señalados como responsables de la producción de fentanilo contaminado que provocó una tragedia sanitaria con decenas de muertes en el país.
Según informó la agencia EFE, el juez federal Ernesto Kreplak dispuso además un embargo patrimonial por un billón de pesos argentinos (unos 743 millones de dólares) contra García, a quien consideró coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales con resultado de muerte. El fallo también lo vincula a la elaboración de medicamentos en condiciones peligrosas para la salud pública.
Aunque la investigación judicial confirmó hasta el momento al menos 20 fallecimientos directamente relacionados con la administración de este fármaco adulterado, la resolución detalla que ya se identificaron 124 pacientes muertos con posible conexión al brote. Los peritos forenses continúan evaluando más casos que podrían ampliar la imputación en las próximas semanas.
La decisión judicial alcanza también a Diego Hernán García, hermano del principal acusado, y a la madre de ambos, Nilda Furfaro, sobre quienes pesan órdenes de prisión preventiva y embargos que ascienden a 500 mil millones de pesos (unos 371 millones de dólares). A esto se suman los procesamientos de directivos y técnicos de ambas firmas farmacéuticas, entre ellos Javier Martín Tchukrán, José Antonio Maiorano y Carolina Ansaldi, además de otros siete empleados jerárquicos. En total, son 17 personas procesadas.
El caso comenzó el 12 de mayo pasado, cuando el Hospital Italiano de La Plata reportó infecciones intrahospitalarias atípicas en pacientes de cuidados intensivos. Posteriores pericias del Instituto Malbrán confirmaron que las bacterias halladas en los pacientes coincidían con las detectadas en ampollas de fentanilo incautadas en los laboratorios investigados.
El fentanilo, un opiáceo sintético de uso hospitalario como analgésico y anestésico, se ha convertido en los últimos años en un tema de preocupación global. En Estados Unidos, la crisis vinculada a su uso ilegal ha dejado cientos de miles de muertes por sobredosis, lo que resalta la gravedad de lo ocurrido en Argentina y la necesidad de reforzar los controles sanitarios sobre su producción y distribución.
