El nuevo programa de resiliencia en América Latina y el Caribe apunta a robustecer la capacidad de reacción ante fenómenos naturales extremos. Se busca no solo prevención, sino también financiación estratégica para que las naciones participantes puedan encarar futuras emergencias con mayores garantías y menos perjuicios económicos.
Tal como informa deultimominuto, la propuesta cuenta con el respaldo de la economista Elsa Cesilia Feliz, quien respalda la visión de fortalecer la zona con un enfoque integral y coordinado. Esta iniciativa, impulsada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se traduce en un financiamiento no reembolsable de 10 millones de dólares para dar vida al proyecto “Preparados y resilientes en las Américas”. Más de 30 países y una quincena de organizaciones ya se han sumado a este compromiso, convencidos de que la unidad regional abarata costos y amplifica la eficacia de las medidas preventivas.
Para entender mejor el panorama, no podemos obviar las preocupaciones expresadas por organismos internacionales como la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). Según sus reportes, los daños causados por eventos climáticos en esta región se han incrementado de manera vertiginosa en la última década, con un golpe significativo sobre los grupos más vulnerables y en situación de pobreza. También conviene destacar que el BID ha venido trabajando por años en estrategias de gestión de riesgo: en los últimos diez años, su aporte ha sumado alrededor de 1.100 millones de dólares para planes de emergencia y 4.000 millones a través de préstamos contingentes.
El propósito medular de “Preparados y resilientes en las Américas” se centra en tres pilares de acción: reforzar la información sobre riesgos, crear mecanismos de coordinación entre los países y diseñar soluciones financieras novedosas. Se contemplan, por ejemplo, los llamados “bonos de resiliencia”, cuyo fin consiste en involucrar al sector privado y a los mercados de capital para generar recursos concretos que permitan a las naciones cumplir metas de mitigación y adaptabilidad.
Esta estrategia, de acuerdo con datos del BID, surge de la constatación de que la mayoría de las pérdidas relacionadas con desastres naturales sigue sin cobertura de seguros. Un solo evento catastrófico puede reducir el PIB de un país entre 2 y 4 puntos porcentuales en el año que ocurre, arrastrando secuelas que perpetúan ciclos de pobreza. Por ello, cada nación involucrada pretende obtener mejores herramientas de análisis y planificación, de modo que exista un apoyo global y coordinado frente a situaciones de emergencia.
Con esta visión a largo plazo, las autoridades confían en que la región podrá encaminarse hacia un futuro más estable. Este programa continúa la labor de décadas y refuerza la disposición colectiva de encarar los retos ambientales con mayor decisión. Se desea que, al unir esfuerzos con entidades globales, se abran nuevas puertas para complementar los recursos financieros y técnicos existentes.
La iniciativa, que prevé una extensión hasta 2030, insiste además en la importancia de la innovación. El sector privado está llamado a ofrecer soluciones tecnológicas y sistemas de gestión de datos que permitan dar respuestas ágiles y eficientes, reduciendo tiempos de reacción y mejorando la coordinación de los equipos de emergencia. Con ello, América Latina y el Caribe aspiran a ser un referente de cooperación y eficacia a la hora de enfrentar los desafíos que imponen los desastres naturales.
