El Capitolio ha sido escenario de intensas discusiones sobre un plan que pretende restringir la autoridad del mandatario estadounidense al momento de aplicar gravámenes. Varios senadores han manifestado su inquietud frente a la facilidad con la que el Poder Ejecutivo aprueba medidas comerciales que, a su juicio, comprometen la estabilidad económica y diplomática de la nación.
Tal como reportó EFE, un grupo de siete senadores republicanos, incluido un exlíder de su bancada, se sumó a la oposición para respaldar un proyecto que exige la aprobación del Congreso antes de imponer tarifas. La iniciativa plantea un máximo de dos meses para sostenerlas, con la opción de eliminarlas antes de llegar a ese plazo si ambas cámaras logran un acuerdo firme. Este paso intenta reforzar el sistema de contrapesos en Washington y dar más voz a los legisladores, quienes han acusado a la Casa Blanca de tomar decisiones unilaterales sobre comercio exterior.
Analistas especializados en políticas comerciales han recordado otros momentos históricos en los que el Congreso buscó recortar el poder presidencial sobre aranceles. En 1974, por ejemplo, se establecieron límites a la autoridad ejecutiva para negociar acuerdos internacionales de manera unilateral, aunque con excepciones ligadas a la seguridad nacional. Hoy, la situación se repite con un Congreso dividido: la Cámara de Representantes maneja su propia propuesta y, en caso de que ambas versiones prosperen, se requeriría apoyo bipartidista para superar el veto presidencial. Voces cercanas a la OMC señalan que esta disputa legislativa podría repercutir más allá de las fronteras de Estados Unidos y poner a prueba los acuerdos vigentes en materia de comercio.
Al margen de estas leyes en discusión, el trasfondo político no pasa desapercibido. Con la mirada puesta en futuros procesos electorales, varios republicanos se distancian de la Casa Blanca para fortalecer su perfil moderado. El Congreso ha mostrado señales de mayor independencia en los últimos años, sobre todo en el tema arancelario, donde senadores y representantes han recibido quejas de gremios empresariales afectados por los constantes gravámenes a diversos productos.
Los involucrados en esta controversia aseguran que los ciudadanos merecen una política comercial consensuada, más allá de los intereses de un partido o de las diferencias entre ramas del poder. Voces de la Reserva Federal y de organizaciones como la Cámara de Comercio de Estados Unidos han indicado que la incertidumbre en materia de aranceles frena la inversión y encarece los bienes esenciales. Esto último cobra especial relevancia, ya que el consumidor final termina asumiendo sobrecostos que impactan su día a día.
La confrontación podría prolongarse si no se concreta un respaldo amplio a los nuevos proyectos de ley. En caso de estancamiento, el Ejecutivo mantendría la capacidad de imponer aranceles con el fin de proteger áreas que considera sensibles para la seguridad nacional. Pese a todo, varias encuestas reflejan que parte del electorado prefiere un control más balanceado, algo que seguramente influirá en la conducta de los legisladores que buscan reelegirse.
