El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció que su Gobierno buscará nuevas fórmulas para compensar el rechazo parlamentario al impuesto sobre operaciones financieras, una medida con la que el Ejecutivo pretendía reforzar la recaudación y equilibrar las cuentas públicas.
Según informó la agencia EFE, la propuesta fue archivada por el Congreso sin llegar siquiera a ser debatida. El gravamen, que imponía tasas de hasta un 12 % a bancos y grandes corporaciones tecnológicas, tenía como objetivo cubrir parte del costo de una reciente exención del impuesto sobre la renta para quienes ganan menos de 5.000 reales mensuales (unos 943 dólares). Esa medida, ya aprobada, representa una renuncia fiscal de unos 15.000 millones de reales al año.
El ministro de Hacienda, Fernando Haddad, reconoció que la decisión legislativa no compromete el presupuesto de 2025, pero advirtió que podría afectar las cuentas del próximo año, justo antes de las elecciones presidenciales de 2026. Haddad sugirió que el rechazo responde más a movimientos políticos que a argumentos económicos, insinuando que algunos sectores buscan proteger privilegios con miras a la contienda electoral.
Por su parte, Lula lamentó públicamente la postura del Congreso. En declaraciones a la radio Piata, el mandatario aseguró que el sistema financiero y las grandes tecnológicas “deben pagar los impuestos que les corresponden” y criticó que la oposición, al bloquear la medida, “no derrotó al Gobierno, sino al pueblo brasileño”, al dificultar una mayor redistribución de la renta.
Analistas locales señalan que el enfrentamiento fiscal entre el Ejecutivo y el Legislativo refleja las tensiones que atraviesa Brasil en un contexto de desaceleración económica y presiones sociales. Con la mirada puesta en las presidenciales, Lula busca mantener su imagen de líder comprometido con la justicia social sin desatender la disciplina fiscal, un equilibrio que se vuelve cada vez más difícil en la antesala del 2026.
