El Ministerio de Sanidad ha dado un nuevo paso en su intento por asegurar el cumplimiento de la ley del aborto, al solicitar al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que obligue a la Comunidad de Madrid a elaborar un registro de profesionales que se niegan a practicar interrupciones voluntarias del embarazo.
Tal como informa EFE, la Comunidad de Madrid se ha convertido en la única autonomía que no solo no respondió al requerimiento emitido el 14 de octubre de 2025, sino que además ha expresado públicamente su negativa a desarrollar este registro mediante declaraciones en distintos medios. La medida, según el Ministerio que dirige Mónica García, no se trata solo de un mandato legal, sino también de un compromiso asumido en el Consejo Interterritorial de 2024, donde Madrid votó a favor de la creación de estos registros junto con el resto de las comunidades.
La demanda presentada ante el TSJM solicita que se adopte una medida cautelar para garantizar la elaboración inmediata del registro, subrayando que su ausencia puede afectar la transparencia y la correcta aplicación de los derechos reproductivos en la región. La gestión de los objetores es considerada clave para equilibrar el respeto a las convicciones individuales de los profesionales sanitarios con la obligación de garantizar el acceso efectivo al aborto legal.
El caso abre un nuevo capítulo en la relación entre el Ministerio y la Comunidad de Madrid, que hasta ahora ha mantenido una postura de resistencia frente a este requerimiento legal. La resolución judicial definirá si la autonomía debe cumplir de manera obligatoria con la creación del registro, marcando un precedente sobre cómo se supervisa el cumplimiento de la ley del aborto en España.
