La política ambiental dominicana está entrando en una etapa de ajustes profundos. La apuesta ya no se limita a discursos sobre sostenibilidad, sino a una reorganización interna que busca reducir trabas administrativas sin sacrificar supervisión ni cumplimiento de la ley.
Según la Presidencia de la República Dominicana, la vicepresidenta Raquel Peña participó en la presentación de los avances institucionales del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, encabezada por el ministro Paíno Henríquez, donde se expusieron los ejes de una transformación orientada a modernizar la gestión pública ambiental.
El encuentro incluyó un diálogo directo con empresarios de la región Norte y representantes de la Asociación de Constructores de Viviendas del Cibao. La conversación giró en torno a una preocupación constante del sector productivo: cómo equilibrar crecimiento y protección ambiental bajo reglas claras y procesos previsibles. En un país donde la construcción y el turismo sostienen buena parte del dinamismo económico, la permisología ambiental suele convertirse en punto de fricción.
Henríquez planteó que la meta es simplificar sin debilitar controles. La digitalización de servicios, el fortalecimiento del Sistema de Gestión de Ordenamiento Territorial (Sigeord) y la estandarización de los Términos de Referencia apuntan a reducir discrecionalidades. Cuando los procesos se apoyan en datos y trazabilidad, disminuyen los espacios grises y se fortalece la transparencia.
Esa línea coincide con tendencias regionales. Países como Costa Rica y Chile han avanzado en sistemas digitales de evaluación ambiental que permiten seguimiento público de expedientes y mayor seguridad jurídica para inversionistas. República Dominicana intenta colocarse en esa misma ruta, en un contexto donde los estándares internacionales —incluidos los vinculados a financiamiento verde y acuerdos climáticos— exigen mayor rigor técnico.
La agenda presentada también puso el foco en la protección de cuencas hidrográficas, especialmente en zonas altas. En un territorio vulnerable a sequías y eventos extremos, la seguridad hídrica dejó de ser un asunto exclusivamente ambiental para convertirse en tema estratégico de producción agrícola, energía y abastecimiento urbano. El manejo adecuado de las cuencas incide directamente en la estabilidad económica.
En materia de residuos sólidos, el rediseño del vertedero de Duquesa y la recuperación de los ríos Ozama e Isabela forman parte de un proceso más amplio vinculado al Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos y a la aplicación de la Responsabilidad Extendida del Productor. Este último mecanismo, adoptado en varios mercados europeos, traslada parte del costo ambiental a quienes colocan productos en el mercado, incentivando reciclaje y reducción de desechos.
El componente de fiscalización tampoco quedó fuera. La coordinación con el Servicio Nacional de Protección Ambiental y la Procuraduría General de la República refuerza la política de tolerancia cero frente a delitos ambientales. En los últimos años, la presión social sobre tala ilegal, extracción irregular de agregados y ocupación de áreas protegidas ha ido en aumento, empujando al Estado a responder con mayor contundencia.
En el frente climático y forestal, el fortalecimiento del equipo nacional de manejo de incendios y guardaparques responde a una realidad marcada por temperaturas más altas y temporadas secas prolongadas. El Caribe figura entre las regiones más expuestas a los impactos del cambio climático, según informes del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), lo que obliga a elevar la capacidad de prevención y respuesta.
La presencia de la vicepresidenta Raquel Peña envía una señal política clara: la reforma ambiental no es un proyecto aislado de un ministerio, sino parte de la estrategia de desarrollo que impulsa el gobierno de Luis Abinader. En un escenario global donde la sostenibilidad define acceso a mercados, inversiones y reputación país, la gestión ambiental dejó de ser un tema periférico para convertirse en pieza central del modelo económico dominicano.
