La discusión sobre cómo la República Dominicana mide sus avances climáticos volvió a tomar fuerza tras recientes cuestionamientos públicos. En medio del debate, el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mercado de Carbono (CNCCMC), Max Puig, ofreció una explicación detallada que ayuda a entender cómo se calculan realmente las metas nacionales de descarbonización.
Según la Presidencia, la arquitectura de la Contribución Nacionalmente Determinada presentada en 2020 conocida como NDC-RD2020 se sustenta en un principio utilizado ampliamente en economía: las proyecciones de crecimiento para el año 2030. Esto significa que la reducción del 27 % prometida por el país no se compara con años previos, sino con el escenario proyectado si la economía avanzara sin intervenciones climáticas adicionales, el llamado Business As Usual (BAU).
El funcionario explicó que el inventario de emisiones tomado como punto de referencia corresponde al año 2010, cuando el país registró 24,634.2 Gg de CO₂ equivalente. Bajo los análisis sectoriales, ese volumen habría ascendido a unos 51,000 Gg CO₂ eq en 2030 si nada cambiaba, y es sobre esa proyección donde se calcula la reducción comprometida. Con esta aclaración, Puig desmontó la idea de que superar una meta climática debe traducirse obligatoriamente en recortes año tras año, una interpretación que no refleja cómo funcionan los acuerdos climáticos internacionales.
Un elemento que ha generado atención adicional es el componente financiero de la meta. El país asumió que 7 puntos porcentuales del 27 % serían cubiertos con recursos nacionales, tanto públicos como privados. Sin embargo, los avances superaron lo previsto: las iniciativas locales ya rondan una reducción cercana al 11 % respecto a las emisiones proyectadas para 2030. Este resultado confirma que los esfuerzos internos han tomado un ritmo más firme de lo esperado, incluso en un contexto global donde la financiación climática suele ser limitada.
En la lectura de Puig, este desempeño fortalece la credibilidad del país ante la comunidad internacional. La República Dominicana se ha posicionado en los últimos años como una de las economías pequeñas más activas en temas de neutralidad climática, integrando planes de adaptación, infraestructura resiliente y modernización energética. Organismos como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) han destacado en informes recientes que los países que logran financiar parte significativa de sus metas con fondos propios muestran mayor sostenibilidad a largo plazo.
El posicionamiento dominicano también se alinea con tendencias regionales. Mientras naciones del Caribe luchan por obtener financiamiento concesional para enfrentar la vulnerabilidad climática, la estrategia local apuesta por combinar inversión estatal, participación privada y cooperación internacional, creando una arquitectura de largo alcance. Esa mezcla, añaden especialistas consultados por organismos multilaterales, permite que los avances no dependan exclusivamente de fuentes externas sujetas a ciclos políticos o económicos.
Puig subrayó que estos logros no son solo números, sino señales de una visión de país que intenta equilibrar crecimiento económico y responsabilidad ambiental. En su lectura, el compromiso social e institucional con la acción climática está tomando mayor solidez, lo que envía un mensaje claro: el país no solo honra sus promesas, sino que busca ir más allá con una estrategia que integra desarrollo humano, sostenibilidad y resiliencia climática.
