Santo Domingo. En un amplio despliegue de operativos simultáneos, la Dirección General de Migración (DGM) apresó ayer a 1,826 ciudadanos haitianos en situación irregular y, en cuestión de horas, procedió a repatriar a 1,516 de ellos a través de los pasos fronterizos de Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales.
De acuerdo con un parte oficial de la DGM, los allanamientos abarcaron 13 provincias: el Gran Santo Domingo concentró 142 detenciones, Dajabón 283 y Elías Piña 130, mientras que Santiago, La Vega, Azua, Barahona, Puerto Plata, Mao/Santiago Rodríguez, Montecristi y la región Este completaron el resto de los arrestos. Las labores contaron con el respaldo del Ejército, Cesfront, Policía Nacional y organismos adjuntos, reforzando el cerco en las zonas de mayor presión migratoria.
La operación incluyó además la captura de 819 extranjeros indocumentados de otras nacionalidades y el traslado inmediato de los repatriados en autobuses oficiales, con la promesa según Migración de garantizar trato digno y apego a los protocolos internacionales.
Un repunte dentro de una tendencia al alza
Solo entre enero y marzo de 2025, las autoridades habían deportado 86,406 haitianos, cifra que coloca el ritmo de este año muy por encima del promedio mensual registrado en 2024. Si se toma la foto más amplia, casi un millón de personas 941,787 para ser exactos fueron removidas del territorio dominicano entre 2020 y 2024, de ellas 578,927 por la vía de la deportación y 362,860 mediante repatriaciones voluntarias o asistidas.
La meta oficial, anunciada a finales del año pasado, apunta a 10 mil expulsiones semanales, un listón que explica la frecuencia con que se organizan estos operativos relámpago. Para llegar a esa cifra, Migración ha afinado la coordinación interinstitucional y desplegado más puntos de control móviles en carreteras y barrios periféricos.
Implicaciones y debates pendientes
Aunque los datos confirman la capacidad logística del Estado para retener y trasladar grandes volúmenes de personas, organizaciones humanitarias insisten en que la República Dominicana recurre a deportaciones masivas sin evaluar casos de vulnerabilidad, un reclamo que volvió a dispararse tras las 250 mil expulsiones de 2023. Del lado oficial se argumenta que el flujo migratorio se disparó tras el cierre fronterizo de 2023 y la crisis política y de seguridad que azota Haití, factores que obligan a un mayor celo en la vigilancia territorial.
En la práctica, la repatriación acelerada de indocumentados supone un respiro para algunas comunidades fronterizas donde la presión sobre servicios básicos es palpable; sin embargo, expertos en derechos humanos advierten que la medida no aborda las raíces del problema el colapso institucional y la violencia en Haití ni los incentivos económicos que atraen mano de obra barata del otro lado de la línea divisoria.
Mirada hacia adelante
El Gobierno dominicano reitera que toda persona extranjera debe ingresar por canales formales, pero el desafío va más allá de sellar pasaportes se trata de equilibrar la seguridad interna con la obligación de salvaguardar derechos fundamentales. Con la temporada alta de cosechas agrícolas asomándose y la inestabilidad haitiana lejos de resolverse, todo indica que los retenes y buses de la DGM seguirán a máxima capacidad en los meses venideros.
Sea cual sea el balance final de 2025, la discusión de fondo se mantiene viva ¿cómo compatibilizar la defensa de la soberanía con una política migratoria que no descargue todo el peso sobre el eslabón más débil el trabajador migrante y que, al mismo tiempo, responda a la legítima preocupación de los dominicanos por el orden y la seguridad? Mientras ese dilema siga sin solución estructural, cada operativo exitoso dejará también preguntas difíciles sobre la mesa.
