La Dirección General de Migración (DGM) volvió a poner el foco en la forma, no solo en la cifra, de sus operativos. A través de una nota oficial, la entidad subrayó que todo su personal “está obligado a garantizar trato digno” durante las detenciones y repatriaciones de extranjeros en situación irregular dentro del territorio dominicano.
La advertencia ocurre en medio de una escalada sin precedentes: solo entre enero y inicios de mayo la DGM reporta más de 145 000 personas devueltas a sus países de origen en su inmensa mayoría haitianos, un salto de 71 % respecto a 2024, según datos divulgados por la propia institución y reseñados por la agencia Swissinfo. El récord va en línea con la estadística publicada semanas atrás por la DGM, que situaba en 142 378 los “reconducidos” desde octubre del año pasado hasta mediados de febrero.
Manual de ética bajo revisión
Desde Migración aseguran que el protocolo interno se revisa “de forma continua” y que más de un centenar de colaboradores han sido sancionados o separados este año por conductas contrarias a ese manual. La inducción obligatoria para nuevos agentes una novedad desde 2024 insiste en técnicas básicas de derechos humanos, uso proporcional de la fuerza y registro biométrico para evitar detenciones indiscriminadas.
No obstante, organizaciones como Amnistía Internacional sostienen que persisten denuncias de perfilamiento racial, redadas nocturnas y detenciones de mujeres embarazadas en hospitales, prácticas que violan tanto la Constitución dominicana como tratados internacionales.
El contexto haitiano pesa
El incremento de las repatriaciones coincide con la peor crisis humanitaria que atraviesa Haití en décadas. De acuerdo con el Reporte Mundial 2025 de Human Rights Watch, más de 700 000 haitianos están desplazados internamente muchos huyen de la violencia armada y la infraestructura básica está colapsada. Esta presión migratoria ha tensionado la frontera y ha llevado al Gobierno dominicano a reforzar el muro limítrofe y a lanzar operativos de “interdicción ampliada” desde octubre pasado.
Soberanía versus garantías
El Ejecutivo defiende que la República Dominicana ejerce un derecho “irrenunciable” a regular su territorio; sin embargo, la falta de supervisión independiente en los centros de detención y las devoluciones exprés sin acceso a intérpretes alimentan la crítica local e internacional. Voces de la sociedad civil piden un mecanismo mixto con participación de la Defensoría del Pueblo y observadores de la ONU que verifique el cumplimiento del debido proceso en cada etapa, desde la captura hasta la entrega en la frontera.
Mientras el flujo migratorio desde Haití no cede, Migración promete redadas “más quirúrgicas” basadas en inteligencia y una segunda fase de capacitación para su personal antes de julio. El reto será convertir los compromisos en prácticas constatables cámaras corporales en operativos, registros públicos de detenidos y un canal de denuncias accesible son medidas que, según expertos consultados, marcarían la diferencia entre una política legítima y una crisis de derechos humanos en plena puerta de entrada al Caribe.
