La dirección política de País Posible se plantó este miércoles ante las cámaras sin aceptar preguntas para blindar a su líder y director del INTRANT, Milton Morrison, por las acusaciones de haber comprado una vivienda en Miami que nunca apareció en su declaración jurada de bienes. El partido tachó la denuncia de “campaña difamatoria” y elevó a Morrison como ejemplo de “hombre honesto” que, aseguran, ya denunció un intento de soborno antes de asumir su cargo.
Según documentos hipotecarios citados por El Pregonero y amplificados por portales como Ciudad Oriental, la residencia de 614 Honeysuckle Lane, en Weston (Florida), fue adquirida el 4 de agosto de 2021 por US$ 837 500 y luego transferida en 2022 a una compañía registrada en Delaware por apenas US$ 10, una maniobra que ha disparado sospechas sobre la transparencia de los fondos y la titularidad real del inmueble.
La presión escaló cuando el estratega republicano Roger Stone advirtió en X que, si Morrison “sigue evadiendo su responsabilidad ante el pueblo dominicano”, podría terminar respondiendo ante la justicia estadounidense. La afirmación, aunque polémica, encendió el debate en redes y sirvió de combustible para la denuncia penal presentada por el abogado Rafael Linares Guerrero, quien calcula que la propiedad ya ronda los US$ 2 millones y alega violaciones a la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio.
Esa ley castiga con hasta dos años de prisión, multas e inhabilitación a los funcionarios que oculten activos. Además, la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos permite perseguir el origen ilícito de fondos utilizados fuera del país, de modo que la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (PEPCA) podría, si encuentra mérito, pedir medidas cautelares sobre el bien en Florida e incluso solicitar asistencia jurídica a Estados Unidos.
Voceros de País Posible retrucan que Morrison ya entregó al Ministerio Público “todo lo que la ley exige” y que su fortuna proviene de años de ejercicio profesional y empresarial. Sin embargo, el silencio del funcionario sobre la fecha exacta de compra, el origen de los US$ 837 500 y la razón para ceder la casa por US$ 10 a una empresa de papel sigue alimentando dudas públicas. “Si el patrimonio es lícito, los papeles deben hablar solos”, replicó Linares.
Desde la sociedad civil se pide que la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que encabeza Milagros Ortiz Bosch, abra una investigación administrativa paralela. El antecedente más cercano el caso de declaraciones omitidas del exministro Gonzalo Castillo terminó en confiscaciones y proceso penal, un precedente que eleva la presión sobre el INTRANT y sobre el presidente Luis Abinader, cuya narrativa anticorrupción podría verse erosionada si el expediente avanza sin sanciones.
Mientras tanto, sindicatos del transporte evalúan si la controversia limitará la autoridad moral del INTRANT para imponer nuevas reglas viales. En voz baja, dirigentes choferiles reconocen que, si la acusación prospera, exigirán la suspensión de Morrison mientras duren las pesquisas para evitar que el organismo sea “juez y parte” en cualquier negociación con el sector.
El desenlace, pues, dependerá de la rapidez con que la PEPCA y la Cámara de Cuentas verifiquen la ruta del dinero y confirmen si la propiedad debió o no figurar en la declaración del 2024. Hasta entonces, la pelota está en manos de la justicia, pero también de un partido gubernamental que en año preelectoral intenta mostrar que aún es posible hacer política sin manchas.
