La muerte de una niña de apenas siete años, presuntamente sometida a golpes, quemaduras y otras formas de tortura mientras estaba bajo custodia de una pareja en Los Guandules, sacudió de nuevo la conciencia colectiva este fin de semana. El parte policial, emitido el 17 de agosto, describe lesiones “contusas, quemaduras y laceraciones múltiples”, detalles que estremecen incluso a investigadores veteranos.
CONANI reaccionó al instante con un comunicado de pesar y aclaró que la institución nunca recibió una alerta formal sobre el caso. El dato enciende las alarmas sobre la ruta de las denuncias sin reporte, su protocolo que incluye investigar de inmediato y notificar al Ministerio Público queda inactivo.
El organismo recuerda que cualquier persona puede reportar sospechas de maltrato marcando la Línea Vida (809-200-1202), llamando al 911 o acudiendo a las oficinas regionales. Estos canales no exigen “pruebas iniciales”; basta la sospecha para que la maquinaria de protección arranque.
Pero la brecha entre la teoría y la práctica es amplia. Según el boletín estadístico del segundo trimestre de 2024, la Unidad Técnica Operativa de CONANI intervino ese período con 99 niños, niñas y adolescentes en situación de calle o trabajo infantil. Once tenían siete a doce años, justo la edad de la menor fallecida.
Las cifras ilustran un sistema que responde cuando la denuncia llega, pero que sigue fallando en la prevención temprana. El patrón no es nuevo un estudio de finales de 2024 reveló que nueve de los 58 feminicidios registrados ese año fueron niñas o adolescentes; muchas vivían con sus agresores.
Especialistas consultados apuntan a tres eslabones débiles la detección comunitaria, la coordinación interinstitucional y el seguimiento judicial a las medidas de protección. La propia CONANI ha insistido en “no callar” y en fortalecer el trabajo conjunto con fiscalías, escuelas y juntas de vecinos una alianza que, de concretarse, podría colocar la denuncia donde hoy quedó el silencio.
Mientras el proceso penal avanza contra los presuntos responsables, el caso recuerda que la protección infantil no descansa solo en las instituciones. Cada llamada, cada reporte y cada voz que se levanta a tiempo pueden ser la diferencia entre la vida y la tragedia.
