Un niño de siete años con hemofilia falleció en Bogotá tras dos meses de espera angustiosa para recibir su medicamento, un caso que ha sacudido al sistema de salud y encendido la polémica en Colombia. La situación ha puesto en evidencia fallas en la entrega de tratamientos vitales y generado un debate sobre la responsabilidad de las autoridades frente a los pacientes más vulnerables.
Según EFE, la Fiscalía de Colombia abrió una investigación preliminar a cargo de un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, con el objetivo de determinar si hubo conductas penalmente relevantes relacionadas con la muerte del menor. Por el momento, no hay personas vinculadas formalmente al proceso.
El niño, identificado como Kevin Acosta, necesitaba urgentemente el medicamento Emicizumab, suspendido por la Nueva EPS, empresa intervenida por el Gobierno. Su condición se complicó tras una caída de bicicleta, y la angustia de su madre, Katherine Pico, creció con cada día sin acceso al tratamiento que recibía desde los nueve meses de edad.
El caso ha generado reacciones polémicas de altos funcionarios. Tanto el presidente Gustavo Petro como el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, han señalado a la madre por permitir la actividad física del menor, sin expresar solidaridad con la familia ni explicar las fallas en la prestación del servicio de salud. Ante estas declaraciones, el procurador general, Gregorio Eljach, hizo un llamado público a actuar con sensibilidad y respeto por el dolor ajeno, subrayando que las expresiones oficiales han indignado a la ciudadanía.
En paralelo, la Procuraduría solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud tomar medidas contra la Nueva EPS para garantizar la prestación adecuada de los servicios médicos. Esta entidad tiene la facultad de imponer sanciones o intervenir administrativamente a las EPS cuando se presentan fallas financieras o en la atención a los pacientes, como es actualmente el caso de la empresa involucrada.
El episodio deja en evidencia los desafíos del sistema de salud colombiano para proteger a los pacientes con enfermedades crónicas y plantea un debate urgente sobre la responsabilidad institucional frente a casos de riesgo vital, donde la burocracia y la falta de control efectivo pueden tener consecuencias irreparables.
