La llegada de una barcaza de generación eléctrica al puerto Los Negros, en Azua, busca fortalecer la estabilidad del suministro nacional ante la actual baja reserva energética del país. El Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED) confirmó que la nueva unidad, operada por la firma turca Karpowership, reemplaza a una de menor capacidad para suplir la demanda mientras se incorporan nuevas plantas al sistema.
Según informó el medio Acento, la decisión responde a los retrasos en la entrada en operación de proyectos privados que estaban programados para reforzar la matriz de generación este año. En lugar de la barcaza contratada originalmente, de 65 megavatios (MW), se instalará una de 230 MW, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio eléctrico y evitar apagones por falta de generación.
El CUED explicó que el acuerdo con Karpowership tendrá una duración de dos años, coincidiendo con la vigencia de los contratos actuales de las otras dos barcazas que operan en el país, cuyo vencimiento está previsto para finales de 2026. Durante ese tiempo, la nueva embarcación aportará energía adicional para cubrir eventuales salidas de plantas en mantenimiento o por averías dentro del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).
La institución aclaró además que esta medida no implica la llegada de una cuarta barcaza, como se ha interpretado en algunos espacios, sino una sustitución temporal de mayor capacidad dentro del mismo marco contractual y en el mismo punto de operación.
Expertos del sector energético consultados destacan que la decisión contribuye a evitar presiones sobre el suministro en los meses de alta demanda, especialmente mientras se concretan proyectos estratégicos como la expansión de generación a gas natural y renovables. Sin embargo, advierten que la dependencia de barcazas sigue siendo una solución de corto plazo que debería sustituirse gradualmente por plantas más eficientes y sostenibles en el territorio nacional.
Con esta medida, el Gobierno y las distribuidoras buscan asegurar la estabilidad del sistema eléctrico y mantener la confianza de los usuarios, en un contexto en que la demanda nacional supera los 3,500 MW y la reserva operativa continúa siendo limitada.
