La Misión de Determinación de los Hechos de la ONU para Venezuela confirmó este lunes que, durante el último año y tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, continuó ocurriendo lo que califica como “el crimen de persecución por razones políticas”. Tal como reportó la agencia EFE, el organismo afirma que ningún ente nacional ha demostrado capacidad para prevenir, perseguir y sancionar adecuadamente las graves violaciones de derechos humanos que constituyen crímenes internacionales. Esto deja la esperanza de justicia prácticamente en manos de instancias internacionales.
Según el informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la represión postelectoral registró un repunte significativo. EFE señala que la documentación muestra que la persecución política ha persistido durante 2025, afectando no solo quienes participaron de las protestas, sino también a defensores de derechos humanos y activistas.
Entre los casos examinados, la presidenta de la Comisión, la jurista portuguesa Marta Valiñas, reportó que de las 25 muertes vinculadas con protestas posteriores a los comicios, pudieron documentarse de forma suficiente 14, y en 12 de esas muertes participaron las fuerzas de seguridad. En uno de los incidentes más graves, ocurrido en Maracay, estado Aragua, miembros de la Guardia Nacional Bolivariana y la 99ª Brigada del Ejército dispararon munición real contra manifestantes; al menos seis personas murieron, una recibió un disparo de escopeta a menos de 10 metros.
EFE informa también que, aunque la Fiscalía venezolana asegura haber realizado investigaciones, no ha aportado hasta ahora resultados públicos ni responsabilizaciones, y los casos permanecen en gran medida en la impunidad. Según la Comisión de la ONU, esto refuerza la gravedad del problema, pues evidencia que las instituciones nacionales no están cumpliendo con sus deberes de justicia.
