Santo Domingo. En febrero de 2021 el país firmó el Pacto Eléctrico con la esperanza de que fuera un punto de inflexión en la historia del sector. La promesa era clara: enterrar el fantasma de los apagones y avanzar hacia un sistema confiable, sostenible y transparente. Hoy, en pleno 2025, la realidad luce muy distinta: las calles arden con protestas, las quejas aumentan y el servicio eléctrico sigue marcado por la inestabilidad.
Cuatro años después, el balance del acuerdo revela una distancia preocupante entre lo pactado y lo cumplido. El compromiso de lograr una cobertura de 97 % para 2022 apenas alcanza un 84 %, con provincias que rondan un rezagado 76 %. En materia de pérdidas técnicas y no técnicas, la meta de reducirlas al 15 % quedó muy lejos: las distribuidoras reportan más de 43 % en algunos meses.
A esto se suma el costo fiscal. El subsidio eléctrico, que se había planteado como temporal y decreciente, alcanzó en 2024 los 1,769 millones de dólares, la cifra más alta en la historia reciente, equivalente a uno de los mayores porcentajes del PIB en la región. A pesar de ello, la población sigue enfrentando cortes prolongados y electrodomésticos dañados, mientras la transparencia de las empresas distribuidoras continúa ausente: los estados financieros auditados siguen sin publicarse.
El panorama se refleja en la vida cotidiana. Barrios enteros reportan entre 10 y 12 horas de apagones diarios, cuando hace pocos años recibían energía continua. Entre enero de 2020 y junio de 2025, más de 233 mil personas presentaron quejas formales ante la Superintendencia de Electricidad, un promedio de seis reclamos por hora. La curva es ascendente: de 27 mil en 2021 se pasó a más de 78 mil en 2024, y el 2025 ya apunta a superar esa cifra.
Las calles han vuelto a convertirse en escenario de la inconformidad: gomas encendidas, neveras dañadas frente a oficinas de las EDES y bloqueos de vías en barrios del Gran Santo Domingo y en provincias del interior. Un retrato que recuerda los noventa, pero en un contexto en el que se han firmado al menos ocho préstamos internacionales para mejorar el sector desde 2020, por un monto superior a mil millones de dólares.
Mientras el Gobierno insiste en que nuevas plantas entrarán en operación y que la matriz se diversifica con renovables, la percepción ciudadana apunta a lo contrario: más cortes, más quejas y más protestas. A juicio de expertos, las distribuidoras cargan con gran parte de la responsabilidad por su alto nivel de pérdidas y la falta de control efectivo del regulador.
Cuatro años después, el Pacto Eléctrico que se presentó como solución nacional parece haberse quedado en una lista de promesas incumplidas. Y lo único que se enciende con fuerza, una vez más, son las calles del país.
