El viaje del presidente colombiano Gustavo Petro hacia Arabia Saudí se vio envuelto en una controversia inesperada cuando varias empresas que operan en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, se negaron a abastecer de combustible el avión presidencial. El incidente, ocurrido durante una escala técnica, ha generado un nuevo capítulo en las ya tensas relaciones diplomáticas entre Bogotá y Washington.
Según la agencia EFE, las compañías que rechazaron prestar el servicio cuentan con participación de capital estadounidense y argumentaron que no podían atender al mandatario debido a su inclusión en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, conocida como la “Lista Clinton”. Esta medida, que prohíbe a empresas estadounidenses o con vínculos financieros en ese país realizar transacciones con personas sancionadas, habría motivado la negativa.
Petro evitó referirse directamente al episodio, aunque agradeció públicamente “la ayuda del Reino de España” por facilitar su viaje al país árabe. Fuentes cercanas confirmaron que el avión presidencial fue trasladado a una base militar española, donde finalmente recibió combustible y pudo continuar su trayecto hacia Arabia Saudí, en cumplimiento de su agenda internacional.
La inclusión del mandatario y parte de su círculo familiar y político en la lista de sanciones de la OFAC ha provocado una tormenta política en Colombia. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos los señala por presuntos vínculos con el narcotráfico, una acusación que Petro ha rechazado categóricamente. “No tengo bienes ni cuentas en Estados Unidos, por lo tanto no pueden afectarme”, habría dicho el jefe de Estado días antes del incidente en Madrid.
Las tensiones entre ambos gobiernos se agravaron en los últimos meses. Washington retiró a Colombia del listado de países cooperantes en la lucha contra el narcotráfico, lo que supuso un duro golpe para la imagen internacional del país. A esto se suma la revocación del visado estadounidense del presidente tras su participación en un acto propalestino durante la Asamblea General de la ONU, gesto que fue interpretado por analistas como una señal de deterioro de la relación bilateral.
El nuevo impasse diplomático añade presión sobre la política exterior del gobierno colombiano, que busca reforzar su presencia en Medio Oriente mientras enfrenta crecientes cuestionamientos sobre su relación con Estados Unidos. En el ámbito interno, el episodio ha reavivado el debate sobre la autonomía internacional de Colombia y el peso que aún tiene Washington en las decisiones que afectan a su dirigencia.
