Chile inicia un ambicioso plan para reforzar su frontera norte con Perú y Bolivia, combinando barreras físicas y tecnología avanzada para frenar el flujo irregular de personas. La iniciativa contempla zanjas, muros de hasta cinco metros y un despliegue militar reforzado que incluye drones y sistemas de vigilancia autónomos.
Tal como informa EFE, el presidente José Antonio Kast presentó el denominado ‘Plan Escudo Fronterizo’, acompañado por su equipo ministerial. La estrategia busca consolidar un “sistema integral” que combine fosas, rejas, alambradas y control tecnológico, con miras a fortalecer la seguridad en los pasos fronterizos más críticos del país.
La primera obra, una zanja de 30 kilómetros de extensión, tres metros de ancho y la misma profundidad, comenzará a construirse de inmediato y se prevé que esté lista en 90 días. Kast enfatizó que esta medida no solo es una barrera física, sino un componente de un esquema más amplio que involucra cooperación con naciones vecinas y la adaptación de protocolos legales y de fuerza para desincentivar la inmigración irregular.
El plan también refleja la influencia de políticas internacionales de seguridad y migración, como las implementadas por Donald Trump en Estados Unidos y Nayib Bukele en El Salvador, según declaraciones del presidente chileno. Los decretos recientes firmados por Kast apuntan a aumentar el uso de medios militares, mejorar las comunicaciones y desplegar sensores y drones en toda la frontera norte.
Las cifras respaldan la percepción de urgencia del gobierno: desde 2017, la migración irregular se ha duplicado, representando más del 8 % de la población chilena. Actualmente, se estima que más de 330.000 personas están en situación irregular, principalmente venezolanos, mientras que cerca de un millón de ciudadanos de ese país residen legalmente en Chile, aportando un 1,03 % a los ingresos fiscales nacionales, equivalente al 0,15 % del PIB, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Con estas medidas, Chile busca equilibrar el respeto a los derechos humanos con la necesidad de seguridad nacional, mientras enfrenta una dinámica migratoria que continúa transformando la demografía y la economía del país.
