En pleno barrio Los Santos, al oeste de Santiago de los Caballeros, la tarde de este lunes terminó a tiros una patrulla de la Policía Nacional abatió a Angelo Acevedo Cabrera, alias El Locon, y a Marcos de Jesús Santos, conocido como Cacon, ambos señalados en varios asaltos y según el parte oficial en el robo de un arma a un agente. Acevedo (20 años) y su cómplice cayeron tras un intercambio de disparos cuando huían en un Sonata blanco. El médico legista certificó múltiples impactos de bala y los cuerpos fueron enviados al INACIF para autopsia.
A Acevedo no le era nueva la puerta de la justicia apenas nueve meses atrás se había entregado “voluntariamente” a la División de Investigación de Santiago, presionado por la difusión de su foto en carteles de “se busca” tras despojar a un ciudadano de joyas de oro. Aquella vez quedó a disposición del Ministerio Público, pero el proceso no frenó su reincidencia, un patrón tristemente frecuente en los expedientes por atraco en la zona.
El incidente vuelve a avivar el debate sobre la violencia letal como respuesta policial y se suma a un año aún marcado por cifras preocupantes: entre enero y mayo de 2023 la tasa nacional de homicidios subió de 13.1 a 13.7 por cada 100 000 habitantes, según datos del Centro de Análisis de la Seguridad Ciudadana (Cadseci) del Ministerio de Interior y Policía. Aunque el gobierno insiste en que los números bajaron en 2024, académicos consultados advierten que, sin publicar estadísticas mensuales actualizadas, es difícil verificar esa tendencia.
A este panorama se suma la desconfianza. Un boletín del Observatorio de Políticas Sociales reveló que el 72.8 % de los dominicanos tiene “poca o ninguna” confianza en la Policía Nacional, proporción que no ha mejorado desde 2017. Cada operativo con saldo fatal, como el de Los Santos, erosiona aún más esa frágil relación entre uniformados y comunidades.
En Santiago, líderes barriales reclaman un plan que combine patrullaje inteligente con oportunidades para jóvenes, mientras juristas recuerdan que los protocolos de uso de la fuerza obligan a privilegiar la captura sobre el fuego abierto. La Dirección General de la Policía anunció una investigación interna, pero hasta anoche no había divulgado imágenes de cámaras corporales ni los nombres de los agentes involucrados.
Con la balanza entre seguridad y derechos en permanente tensión, el caso pone de relieve dos retos urgentes acelerar la reforma policial prometida y cerrar el ciclo de “entrar y salir” del sistema judicial que convierte a muchos reincidentes en víctimas y victimarios de una violencia que, por ahora, sigue desangrando los barrios de Santiago.
