Un hombre de 42 años, de origen senegalés, murió la madrugada del miércoles tras recibir una cuchillada en el pecho frente a una discoteca del centro histórico de Salamanca. El presunto agresor es el portero del local, un ciudadano brasileño, que según testigos negó la entrada al cliente porque ya pasaba la hora de cierre y, tras un forcejeo, sacó la navaja. La víctima fue trasladada con vida al hospital, pero falleció minutos después.
Tal como recoge la agencia EFE, la subdelegada del Gobierno en Salamanca, Rosa López, calificó el hecho de “insólito” para una ciudad que presume de índices de seguridad por debajo de la media española y que, además, vive principalmente del turismo y la actividad universitaria.
Jorge Carlos Moro, presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería salmantina, recordó que los porteros solo están autorizados a controlar accesos y «de ningún modo pueden portar armas». Su matiz no es menor: la normativa estatal prohíbe expresamente entrar con cuchillos o navajas a locales de ocio nocturno, incluso aunque la hoja no supere los 11 centímetros, medida legal para uso deportivo.
El reglamento diferencia entre “portero” y “vigilante de seguridad”: el primero carece de formación homologada en defensa personal y armas; el segundo sí debe superar cursos, exámenes y controles psicotécnicos. Ese vacío, señalan fuentes policiales, explica por qué algunos locales optan por contratar personal no habilitado, ahorrando costes a expensas de los riesgos.
En términos estadísticos, lo ocurrido rompe la tendencia a la baja que exhibe Salamanca: durante el primer semestre de 2024 los delitos descendieron un 2 %, según el Balance de Criminalidad publicado por Interior. El contraste es mayor si se compara con el aumento nacional de la delincuencia convencional registrado en 2024 (+3 %) y con la tasa de 40,6 infracciones por cada mil habitantes que el propio ministerio sitúa para el primer trimestre de 2025, una de las más bajas de la serie histórica, pero aún muy por encima de los niveles salmantinos.
Este asesinato también reabre el debate sobre la inspección a los locales nocturnos. Aunque los controles policiales se centran en evitar que los clientes entren con armas blancas, la presencia de una navaja en manos de un empleado –precisamente el encargado de impedir su acceso– evidencia fallos de supervisión interna y vacíos legales que el sector hostelero y las autoridades locales ya analizan.
La Fiscalía Provincial estudia ahora la calificación penal del apuñalamiento, mientras el juzgado de guardia instruye diligencias por homicidio. De prosperar la acusación, el portero podría enfrentarse a más de quince años de prisión y a la inhabilitación para ejercer actividades relacionadas con la seguridad privada, una sanción que, de acuerdo con expertos consultados, debería extenderse a los gestores del local si se confirma que no cumplían con los requisitos de contratación y formación de su personal.
Fuera de los tribunales, el caso sacude la imagen de “ciudad tranquila” que Salamanca vende al mundo. Y deja en evidencia que, más allá de las estadísticas, basta un descuido o una navaja indebida para que la seguridad se vea truncada y la confianza colectiva reciba una herida letal.
