El Tribunal de Apelaciones de Londres frustró este 2 de mayo la última embestida legal del príncipe Enrique para recuperar la protección policial completa que disfrutaba antes de apartarse de sus funciones reales. Los tres jueces ratificaron que la rebaja adoptada por el Ministerio del Interior en 2020 fue lícita y proporcional.
Según la agencia EFE, el duque de Sussex, que asistió a la vista de abril, alegaba que su vida estaría en riesgo cada vez que pisa suelo británico si no cuenta con un escudo oficial permanente. Sin embargo, los magistrados recordaron que su estatus cambió al fijar residencia en Estados Unidos y dejar de ser “trabajador de la Corona”, por lo que ahora recibe un esquema “a la carta” que se activa caso por caso.
La batalla comenzó en 2021, cuando el comité RAVEC encargado de la seguridad de figuras públicas resolvió que Enrique debía solicitar con 30 días de antelación cualquier desplazamiento para que se evaluara el nivel de amenaza. Durante la audiencia, sus abogados insistieron en que el análisis de riesgo fue incompleto y que el príncipe estaba siendo “singulado”. El tribunal, presidido por Sir Geoffrey Vos, concluyó que “un sentimiento de agravio no se traduce en argumento jurídico”, manteniendo el fallo de primera instancia.
Más allá del drama familiar, el tema toca un nervio sensible para los contribuyentes británicos. Solo la seguridad de la Casa Real ronda los 150 millones de libras al año, dentro de un costo total que grupos republicanos cifran en más de 500 millones sin contar el alza prevista del Sovereign Grant a 132 millones en 2025-26.
Enrique lamentó públicamente que la decisión dificulta llevar a Meghan y a sus hijos al Reino Unido y aseguró que sigue “abierto a la reconciliación”, aunque reconoce que la comunicación con su padre, el rey Carlos III, está congelada a raíz de este pleito. De optar por el Supremo, necesitaría demostrar que el caso plantea cuestiones de interés público excepcional, un listón que pocos expertos creen que logrará superar.
Con este revés, el príncipe agota prácticamente el recorrido judicial interno y queda ante el dilema de asumir el modelo “bespoke”, contratar seguridad privada que la Policía Metropolitana se niega a complementar o, simple y llanamente, reducir sus visitas a la isla donde nació.
