El Ministerio Público solicitó prisión preventiva como medida de coerción contra Andrés de Jesús Espinal Pérez, conocido como Mazazo, y Joan Adón, imputados por su presunta participación en distintos hechos delictivos ocurridos entre 2024 y 2025, que incluyen homicidio, tentativa de homicidio y porte ilegal de armas.
De acuerdo con el expediente, uno de los casos más graves se produjo la noche del 14 de julio de 2025, cuando los acusados interceptaron a Yeral Augusto Féliz en la cañada de Bonavide, entre los sectores Guachupita y 27 de Febrero. La víctima recibió múltiples disparos que le provocaron la muerte en el acto. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) concluyó que falleció a causa de una herida en el tórax que le ocasionó un choque hemorrágico interno y laceraciones pulmonares.
La investigación también vincula a Espinal Pérez con un incidente ocurrido el 8 de septiembre de 2024 en la calle San Martín de Porres, en el mismo sector capitalino. En esa ocasión, presuntamente realizó disparos junto a otra persona aún no identificada, hiriendo en el hombro a un adolescente de 17 años. La lesión fue catalogada como curable en un período de 22 a 30 días.
El proceso judicial tomó un giro más contundente el pasado 28 de septiembre de 2025, cuando durante su arresto Espinal Pérez entregó una pistola calibre 9 mm, marca HI-Point, con un cargador y diez cápsulas, sin la documentación que avalara su porte legal.
Las autoridades consideran que los hechos constituyen violaciones a los artículos 265, 266, 295 y 304-II del Código Penal Dominicano, referentes a asociación de malhechores y homicidio, además de los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 sobre armas de fuego. En relación con el suceso de 2024, se le imputan cargos por tentativa de homicidio y lesiones personales.
El Ministerio Público argumenta que, por la gravedad de los delitos y el riesgo de fuga, la prisión preventiva es la medida más adecuada. Asegura que los acusados representan una amenaza para la seguridad pública y que permitirles enfrentar el proceso en libertad pondría en riesgo tanto a la investigación como a la comunidad.
