las autoridades dominicanas han decidido poner manos a la obra con una iniciativa legal que busca cerrar más puertas a quienes promueven la migración irregular. Este paso, anunciado recientemente por el Gobierno, se suma a la estrategia oficial de reordenar el control fronterizo y aplicar mano dura contra quienes lucran con el tráfico de personas, respondiendo a una demanda social que no puede seguir esperando.
Según lo publicado en Listín Diario y tal como expone el periodista Ángel Valdez, el Poder Ejecutivo entregó ante el Senado un proyecto de ley que, si se aprueba, reformaría la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas. Esta propuesta surge al compás de las 15 medidas anunciadas en días pasados, donde el presidente Luis Abinader dejó claro que pretende robustecer los mecanismos de supervisión y las penas para desincentivar el ingreso ilegal de extranjeros. El consultor jurídico del Gobierno, Antoliano Peralta, se encargó de presentar el documento al presidente del Senado, Ricardo de los Santos.
Se habla de reformar aspectos puntuales, pero con un claro interés de aplicar consecuencias más severas contra los responsables de facilitar la entrada irregular de migrantes. De aprobarse, no solo se aumentaría la pena de reclusión, sino que el pago de multas y la suspensión de derechos civiles se aplicarían con mayor fuerza para frenar el tráfico ilícito de personas. Aunado a esto, se contempla una ampliación de la definición legal de este delito, lo que brindaría al Ministerio Público más herramientas para investigar y procesar a los infractores. Este nuevo marco, de acuerdo con informes de la Dirección General de Migración, podría reforzar significativamente la vigilancia en lugares sensibles a la inmigración no regulada, como zonas fronterizas y puertos.
El endurecimiento de la ley coincide con la urgencia de reformar la política migratoria en un país donde, según estimaciones de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), existe un constante flujo transfronterizo con Haití a lo largo de cientos de kilómetros de frontera terrestre. Fuentes de la sociedad civil sostienen que una correcta aplicación de las normas debe acompañarse de un sistema de registro biométrico y de una rigurosa supervisión en puestos de trabajo y escuelas, con el fin de que la reforma se traduzca en acciones concretas y no en simples discursos. Cabe destacar que las penalizaciones podrían llegar hasta 40 años de prisión en casos de uso de armas o daños graves, subrayando la determinación de las autoridades de marcar un antes y un después en el manejo de este fenómeno.
La reforma propuesta, reforzada por la construcción acelerada del muro fronterizo, la adición de nuevos soldados y la creación de un Observatorio Ciudadano sobre la Política Migratoria, pretende que las palabras no se queden en promesas. Tanto senadores como actores sociales enfatizan que el éxito final radica en la implementación efectiva: de nada vale una ley más rígida si no se cuenta con el personal y la voluntad política necesarios para aplicarla sin titubeos. El panorama, sin embargo, augura un punto de inflexión en la forma de gestionar la migración en la República Dominicana, donde las disposiciones legales tendrán que adaptarse a una realidad cambiante y exigente.
