La tensión que ya marcaba el pulso de la seguridad en Ecuador volvió a escalar con el anuncio de Washington de ofrecer una millonaria recompensa por el paradero de uno de los cabecillas más buscados del país. El mensaje recorrió la región con la fuerza de un golpe en la mesa y reactivó el debate sobre el alcance del crimen organizado en el corredor andino.
Según EFE, el Departamento de Estado de Estados Unidos fijó en cinco millones de dólares la recompensa por información que permita detener a Francisco Bermúdez Cagua, conocido como El Churrón, líder de Los Choneros. La medida se suma a la creciente presión internacional sobre las redes que alimentan el tráfico de cocaína desde Sudamérica hacia Norteamérica.
En Washington describen a Los Choneros como una organización violenta con vínculos operativos con el Cartel de Sinaloa, una relación que ha permitido a la banda ecuatoriana controlar tramos estratégicos de las rutas marítimas del narcotráfico. Ese protagonismo la colocó, meses atrás, en la lista de grupos terroristas elaborada por la administración de Donald Trump, una clasificación que busca facilitar acciones conjuntas para frenar sus operaciones.
La recompensa convierte a Bermúdez en el primer integrante de la banda incluido en el programa estadounidense de búsqueda de narcotraficantes. El Departamento de Estado detalla que él y otros dos líderes fueron acusados de conspirar para importar y distribuir cocaína, además de portar armas de fuego para proteger el negocio ilícito. Mientras dos de ellos ya enfrentan procesos bajo custodia, El Churrón continúa prófugo.
La reacción del Gobierno ecuatoriano llegó con rapidez. El ministro del Interior, John Reimberg, reivindicó la cooperación bilateral y sostuvo que los acuerdos con Estados Unidos se traducen en acciones concretas contra las estructuras criminales. Su mensaje en la red social X fue contundente y buscó enviar una señal tanto a la ciudadanía como a las bandas: la persecución será constante y no habrá espacio seguro para quienes intenten evadir a la justicia. Casi al mismo tiempo, el Plan de Recompensas de Ecuador difundió un afiche con la fotografía del fugitivo, reforzando el cerco comunicacional para facilitar su captura.
La presión internacional sobre Los Choneros no es nueva. En años recientes, Washington impuso sanciones económicas a la organización y a José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, una de sus figuras históricas, hoy enfrentando procesos en Estados Unidos tras su extradición. Ese hecho marcó un precedente en la relación bilateral y envió un mensaje claro de que Ecuador estaba dispuesto a habilitar nuevas herramientas jurídicas para combatir a las mafias que se enquistaron en las cárceles y expandieron su influencia en las calles.
La ofensiva del Gobierno de Daniel Noboa contra el crimen organizado también cambió el tablero interno. Desde 2024, el país vive bajo la declaratoria de «conflicto armado interno», categoría que permitió considerar a estas bandas como grupos terroristas y desplegar operativos militares dentro y fuera de los centros penitenciarios. La medida redujo temporalmente la capacidad de maniobra de varias estructuras, pero la fuga de líderes y la reconfiguración de alianzas muestran que la disputa por el control territorial continúa abierta.
El anuncio estadounidense, sumado al cerco local, coloca a Los Choneros en un punto crítico. La captura de Bermúdez no solo significaría un golpe simbólico y operativo para la banda, sino que también podría abrir una nueva fase de cooperación entre Quito y Washington en la lucha contra el narcotráfico, un desafío que sigue transformando la seguridad regional.
