La tensión volvió a sentirse con fuerza en Charlotte cuando un despliegue inusual de agentes federales tomó por sorpresa a residentes y comerciantes durante el fin de semana. Las escenas, descritas por testigos como de película, despertaron temores entre comunidades migrantes que ya venían lidiando con semanas de incertidumbre.
Según EFE, la presencia de unidades tácticas de la Patrulla Fronteriza, algunas con rostro cubierto y armamento pesado, provocó alarma en varios vecindarios de la ciudad. El operativo, bautizado como “La telaraña de Charlotte”, dejó al menos 81 personas detenidas, muchas de ellas de origen mexicano y hondureño, lo que encendió de inmediato el debate político y comunitario.
Las autoridades federales aseguraron que buena parte de los arrestados tenía antecedentes criminales o violaciones previas a las leyes migratorias. Sin embargo, líderes locales señalan que varios de los retenidos no tenían condenas y que la línea entre persecución de delincuentes y hostigamiento a residentes se está borrando peligrosamente. El gobernador Josh Stein lo expresó con crudeza al afirmar que este tipo de redadas no solo alimenta el miedo, sino que rompe la confianza entre instituciones y ciudadanía.
El nombre del operativo reavivó inquietudes entre organizaciones comunitarias, que recuerdan despliegues similares en otras ciudades del país. La participación del comandante Gregory Bovino, conocido por coordinar acciones masivas en Los Ángeles y Chicago, fue interpretada por activistas como una señal de que Carolina del Norte podría convertirse en el nuevo laboratorio de una estrategia más agresiva. Desde sus propias redes sociales, Bovino celebró los resultados obtenidos en apenas cinco horas, acompañando el mensaje con fotografías de migrantes esposados.
La Administración del expresidente Donald Trump, que retomó un enfoque de mano dura en materia migratoria, justificó la intervención alegando la existencia de más de 1,300 órdenes de detención que no habrían sido ejecutadas por “políticas santuario” a nivel local. Pero para Stein y otros funcionarios estatales, la narrativa federal ignora que la mayoría de la población inmigrante de Charlotte trabaja, estudia y forma parte activa de una ciudad que ha crecido gracias a su diversidad.
La indignación se multiplicó cuando comenzaron a circular en redes videos y denuncias de ciudadanos que afirmaban haber sido detenidos o interrogados únicamente por su apariencia. Un caso en particular se volvió viral el de Willy Aceituno, estadounidense nacido en Honduras, quien afirmó que agentes rompieron la ventana de su vehículo y lo arrestaron pese a mostrar su documentación. El Departamento de Seguridad Nacional aseguró después que Aceituno actuó de manera errática y que un agente resultó herido durante el operativo, versión que aún genera dudas entre vecinos y abogados.
Las manifestaciones no se hicieron esperar. Decenas de personas salieron a las calles para exigir transparencia y exigir límites a estas intervenciones, instando a grabar cualquier posible abuso con los teléfonos móviles. La situación recuerda episodios recientes en metrópolis como Los Ángeles, Chicago y Portland, todas marcadas por operativos que dejaron comunidades fracturadas y un fuerte sentimiento de vulnerabilidad entre inmigrantes de larga data.
Charlotte, una ciudad que históricamente ha combinado dinamismo económico con una identidad plural, enfrenta ahora un desafío complejo garantizar seguridad sin destruir los puentes construidos entre instituciones, migrantes y residentes. En medio de ese equilibrio frágil, la población observa cada nueva redada con el corazón apretado, consciente de que un simple trayecto al trabajo o una parada en un estacionamiento puede convertirse en un momento de riesgo.
