Santo Domingo. La Federación Dominicana de Comerciantes (FDC) subió el tono del pulso con el Congreso y advirtió que, si la reforma al Código Laboral avanza sin modificar el esquema de cesantía, paralizará operaciones de manera escalonada en todo el país la próxima semana.
Según declaraciones de la vicepresidenta Raquel Peña citadas por Listín Diario, el Ejecutivo “no tocará la cesantía” en la reforma, postura que incendió los ánimos del sector comercio, que insiste en sustituirla por un seguro de desempleo previsto en la Ley 87‑01 de Seguridad Social.
Lo que propone el comercio
Iván García, presidente de la FDC, plantea entregar al trabajador el 25 % de lo acumulado cada cuatro años y cubrir el resto con un seguro de desempleo. A su juicio, la fórmula actual castiga la contratación formal y asfixia el flujo de caja de las micro, pequeñas y medianas empresas.
El peso de la cesantía en los costos laborales
Un estudio del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES) calcula que los costos laborales no salariales donde la cesantía es la partida más voluminosa encarecen la nómina un 31 % en el primer año de contratación. Estos sobrecostos, dice el gremio, frenan la generación de empleo de calidad.
¿Cómo funcionaría el seguro de desempleo?
La Ley 87‑01 habilita un fondo tripartito (Estado, empleador y trabajador) para cubrir riesgos de pérdida involuntaria del empleo, un esquema similar al de Chile y Uruguay, donde el seguro de desempleo convive con indemnizaciones reducidas. La Organización Internacional del Trabajo registra solo 11 países de la región con sistemas formales de este tipo, un club al que la República Dominicana aspira unirse.
El reloj legislativo corre
El proyecto ya pasó en primera lectura en el Senado. Si la pieza se sanciona sin ajustes, la FDC convocará cierres de negocios “por jornadas” a partir de la próxima semana y exigirá asiento en el Consejo Nacional de la Seguridad Social para defender sus intereses.
¿Qué tan viable es la amenaza?
Paros en el comercio impactarían la recaudación fiscal y la cadena de suministros en pleno verano. En la práctica, presionan a un Congreso que intenta equilibrar reclamos empresariales, demandas sindicales y la promesa oficial de mantener intactos los derechos adquiridos.
El debate entra así en su fase decisiva, con el fantasma de las cajas registradoras apagadas como telón de fondo y la cesantía heredada de 1992 en el centro del ring. Mientras tanto, miles de empleadores y trabajadores quedan a la expectativa de un acuerdo que modernice la protección social sin poner en jaque la creación de empleos formales.
