El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció un cambio drástico en la política migratoria del Reino Unido, poniendo fin al acceso automático a la residencia permanente y a la reagrupación familiar para los solicitantes de asilo. La medida, presentada en Copenhague durante la cumbre de la Comunidad Política Europea, marca un giro significativo en la forma en que Londres aborda la migración.
Según la agencia EFE, Starmer subrayó que quienes deseen establecerse en territorio británico deberán “contribuir a la sociedad” y cumplir con una serie de requisitos antes de obtener la residencia indefinida, paso previo a la ciudadanía. La nueva línea política busca desincentivar los cruces irregulares por el Canal de la Mancha, que este año han alcanzado cifras récord con más de 34.000 migrantes procedentes de Francia.
El cambio incluye un acuerdo con Dinamarca para destinar hasta tres millones de libras —unos 3,5 millones de euros— a proyectos en los Balcanes occidentales, con el objetivo de frenar la migración en origen y fortalecer las condiciones de vida en la región. El gobierno laborista sostiene que los refugiados seguirán recibiendo “protección básica” y no serán devueltos a sus países, aunque ahora enfrentan un proceso más prolongado y exigente.
La ministra del Interior, Shabana Mahmood, precisó que el plazo para solicitar la residencia indefinida se duplicará, pasando de cinco a diez años. Durante ese tiempo, los inmigrantes deberán demostrar trabajo estable, cotización a la seguridad social, dominio del inglés, ausencia de antecedentes penales y participación en actividades comunitarias.
Organizaciones de apoyo a refugiados han mostrado su preocupación por el rumbo de estas políticas. El Consejo de Refugiados en Londres advirtió que la eliminación del derecho automático a la reagrupación familiar puede incrementar la dependencia de redes de traficantes, dado que muchas de las solicitudes provienen de mujeres y niños que buscan reunirse con sus parientes.
Este endurecimiento de las condiciones llega en un contexto en el que el Reino Unido enfrenta una presión migratoria sin precedentes, con cifras que, según las autoridades, superan las de cualquier otro año desde 2018. El debate sobre cómo gestionar el asilo y la migración se mantiene en el centro de la agenda política británica, reflejando un equilibrio cada vez más complejo entre seguridad fronteriza y compromiso humanitario.
