La República Dominicana dio un paso firme en su estrategia contra el narcotráfico al conformar un equipo especializado para el desmantelamiento de laboratorios clandestinos de drogas sintéticas, una amenaza que avanza con rapidez en América Latina y el Caribe. La iniciativa coloca al país como pionero regional en la implementación de una unidad preventiva enfocada en la detección e intervención de instalaciones donde se fabrican sustancias ilícitas como metanfetaminas, fentanilo y nuevas drogas psicoactivas.
La medida forma parte de la Estrategia Nacional Sobre Drogas Sintéticas, aprobada mediante el Decreto 585-24, y refuerza el proceso de modernización institucional de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). La clausura del primer ciclo de entrenamiento estuvo encabezada por la embajadora de Estados Unidos, Leah Campos, y el vicealmirante José M. Cabrera Ulloa, presidente del organismo antidrogas, en un acto que evidenció el respaldo internacional a esta política preventiva.
El nuevo equipo no se limita a intervenciones tácticas. Integra capacidades químicas, forenses, sanitarias, ambientales y legales, bajo estándares internacionales en el manejo de materiales peligrosos (HazMat). Se trata de una estructura diseñada para operar en escenarios de alto riesgo, donde la presencia de sustancias volátiles, explosivos improvisados y residuos tóxicos puede poner en peligro tanto a los agentes actuantes como a las comunidades cercanas.
La expansión de los laboratorios clandestinos responde a la transformación del narcotráfico global. A diferencia de la cocaína o la marihuana, las drogas sintéticas no dependen de grandes cultivos, lo que permite su producción en espacios urbanos o residenciales con insumos químicos relativamente accesibles. Informes recientes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) advierten que el mercado de estimulantes de tipo anfetamínico y opioides sintéticos continúa creciendo, con impactos devastadores en salud pública.
En ese contexto, la República Dominicana busca anticiparse. El programa de formación incluyó cuatro fases especializadas Level B Training, Site Safety Training, Level A Training y Clan Lab Tactical Training. Estas etapas fortalecen la identificación de riesgos químicos, el uso de equipos de protección de alto nivel, la preservación de evidencias y la coordinación interinstitucional en escenas contaminadas.
El equipo estará compuesto por personal de la Procuraduría General de la República, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), la Dirección General de Alimentos, Medicamentos y Productos Sanitarios (Digemaps), el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles (Ceccom), el Cuerpo de Bomberos, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), el Sistema 911, la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias y Extrahospitalarias (DAEH) y distintas unidades de la DNCD. Esa articulación busca garantizar una respuesta integral que abarque desde la intervención operativa hasta el análisis técnico y la gestión ambiental.
El entrenamiento fue impartido por la empresa NOBLE, con el auspicio de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de Estados Unidos. La cooperación binacional refleja la preocupación compartida ante el auge del fentanilo y otras sustancias que han provocado crisis sanitarias en Norteamérica y amenazan con expandirse hacia la región.
Más allá del simbolismo institucional, la creación de este equipo marca un cambio de enfoque. La estrategia ya no se limita a la interdicción tradicional en puertos y aeropuertos; ahora incluye la capacidad de neutralizar centros de producción antes de que la droga llegue a las calles. En un escenario donde el narcotráfico se reinventa con rapidez, la prevención técnica y la preparación especializada se convierten en piezas clave para evitar que el país se transforme en plataforma de fabricación de drogas sintéticas.
La apuesta es clara anticiparse a un fenómeno que en otros territorios ha dejado secuelas profundas. El desafío será sostener la capacitación, la inversión tecnológica y la coordinación interagencial en el tiempo, para que este avance no quede solo en una declaración de intenciones, sino que se traduzca en resultados concretos en materia de seguridad y salud pública.
