El inicio de la construcción de la nueva terminal del Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA) enfrenta un escenario complejo, donde los anuncios de acción legal por parte del Estado dominicano chocan con las restricciones impuestas por el contrato de concesión vigente. A pesar de las declaraciones del presidente Luis Abinader, el margen de maniobra del Gobierno se encuentra claramente acotado por los términos establecidos con Aerodom.
Según el reporte de arecoa, el convenio firmado con la empresa francesa Vinci Airports, propietaria de Aerodom, establece que cualquier controversia será dirimida exclusivamente mediante arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. El proceso contempla tres árbitros bilingües (español-inglés), con sede en Nueva York y sin participación de tribunales dominicanos o franceses, lo que limita la posibilidad de llevar el caso ante la justicia local.
La inversión proyectada para la terminal supera los 350 millones de dólares, con una fecha de finalización prevista para el segundo semestre de 2028. El contrato contempla penalidades por retrasos solo si estos superan los seis meses, y excluye demoras provocadas por la importación de materiales y equipos. Cuando el retraso es atribuible únicamente a Aerodom, las multas diarias se calculan sobre una base de 250 millones de dólares: durante los primeros tres meses se aplica 1/5,000 por día y a partir del cuarto mes 1/2,500 por día, con un tope máximo del 6 %, equivalente a unos 15 millones de dólares.
El contrato también establece que, ante un retraso irreversible, la concesionaria debe presentar su justificación por escrito dentro de los 15 días siguientes a la ocurrencia de la causal y, en todo caso, antes del vencimiento del plazo del proyecto. Superado este periodo, ninguna justificación será aceptada, reforzando así los límites de responsabilidad y control establecidos en el acuerdo.
