Un amplio grupo de organizaciones sociales de Perú ha elevado la voz ante lo que consideran un retroceso preocupante en los derechos humanos en el país. El consenso advierte que ciertas propuestas electorales amenazan garantías fundamentales, desde la introducción de la pena de muerte hasta un posible retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Tal como informa EFE, el ‘Consenso Nacional por los Derechos Humanos’ fue presentado por la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh), Tania Pariona, y recoge la firma de 150 colectivos que representan a gremios transportistas, agrícolas, juveniles, feministas, LGTBIQ+ y pueblos indígenas, entre otros.
En el documento, se denuncia un “autoritarismo parlamentario” durante los últimos tres años, con leyes que habrían afectado la democracia y los derechos fundamentales. Entre las medidas cuestionadas se incluyen amnistías para policías y militares implicados en el conflicto armado interno (1980-2000), prescripción de delitos de lesa humanidad, eliminación de la ley de igualdad de oportunidades y restricciones al aborto terapéutico.
El consenso también alerta sobre las políticas de “mano dura” que prometen varios partidos en campaña electoral, incluyendo la militarización de espacios, blindaje judicial de la Policía y la aplicación de la justicia militar en delitos comunes. Además, se señala que cuatro partidos proponen la pena de muerte, cinco restringirían la CIDH y catorce buscan fusionar o eliminar ministerios.
Los colectivos firmantes destacan la invisibilización de los pueblos indígenas en algunos programas políticos, así como la expansión minera y energética sin consulta previa. Las organizaciones feministas Manuela Ramos y Flora Tristán también llaman la atención sobre la normalización de la violencia de género y sexual en altas esferas políticas, citando ejemplos recientes de matrimonios infantiles y denuncias de violación archivadas por autoridades.
La iniciativa busca consolidar un frente unido que defienda los derechos individuales y colectivos, dejando claro que las políticas públicas y electorales deben proteger, y no retroceder, los avances alcanzados en la última década.
