Durante años, cada temporada ciclónica traía la misma escena a Punta de Garza: agua hasta las rodillas, muebles sobre bloques y familias pendientes del nivel del río como quien vigila un reloj que no perdona. El río Tábara, desbordado y sin control, convertía el distrito municipal El Rosario en una franja vulnerable donde el miedo era parte del calendario.
Según el periodista Marcos Lorenzo en CDN, la intervención ejecutada por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indri) busca cerrar ese capítulo con una obra de canalización y adecuación que promete reducir de manera definitiva el riesgo de inundaciones en la zona. La iniciativa no solo apunta a proteger viviendas, sino también a blindar la producción agrícola que sostiene a cientos de familias.
El proyecto incluyó la canalización de 128 metros lineales distribuidos en cuatro cuerpos, además de una adecuación integral de 4.65 kilómetros a lo largo del trayecto del río. Se trata de un trabajo técnico que modifica la dinámica del cauce, mejora el flujo del agua y disminuye la presión sobre las comunidades ribereñas en momentos de crecida.
El director del Indri, Olmedo Cava, explicó que más de 10,000 tareas de tierra que antes quedaban bajo agua en cada episodio de lluvias intensas ahora cuentan con una protección estructural. Esa cifra no es menor en una provincia como Azua, donde la agricultura representa uno de los principales motores económicos. Cada tarea recuperada significa ingresos más estables, empleos preservados y menos pérdidas millonarias tras el paso de un fenómeno atmosférico.
La provincia ha sido históricamente vulnerable a inundaciones. De acuerdo con datos del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), en los últimos años varios municipios de Azua han sido colocados bajo alerta amarilla o roja durante tormentas y huracanes, debido a la crecida de ríos y cañadas. En ese contexto, las obras de mitigación se convierten en una pieza clave dentro de la estrategia nacional de gestión de riesgos que impulsa el Estado dominicano.
Cava también destacó que en los últimos cinco años se han invertido más de 3,500 millones de pesos en la provincia, con 20 proyectos en ejecución y otros ya concluidos. Entre ellos figura Azua 2, que llevará agua por gravedad a los municipios de Estebanía y La Charca, así como la instalación de una de las mayores infraestructuras de electrobombas del Indri en territorio azuano. Estas iniciativas buscan fortalecer tanto el riego agrícola como la resiliencia frente a eventos climáticos extremos.
El impacto social es evidente. Residentes de Punta de Garza recuerdan cómo colocaban electrodomésticos y pertenencias sobre mesas o caballetes para intentar salvarlos del agua, aun sabiendo que el nivel podía subir hasta casi alcanzarlos. En ocasiones, las casas permanecían anegadas por tres o cuatro días, obligando a familias completas a desplazarse por seguridad. Hoy, esas escenas quedan registradas en videos y relatos que funcionan más como memoria que como advertencia inmediata.
La obra fue inaugurada con un acto encabezado por la vicepresidenta Raquel Peña, en un gesto que subraya la prioridad que el Gobierno ha colocado en la infraestructura hidráulica como herramienta de desarrollo y prevención. En una región donde el agua puede ser tanto aliada como amenaza, el control del cauce representa mucho más que concreto y maquinaria es tranquilidad para quienes viven a orillas del río y dependen de la tierra para subsistir.
Azua sigue siendo una de las provincias con mayor vocación agrícola del sur. Blindar sus ríos no solo responde a una urgencia climática, sino a una visión de estabilidad productiva. Si las proyecciones se cumplen y el Tábara deja de desbordarse como antes, Punta de Garza habrá ganado algo más valioso que una obra la posibilidad de mirar cada temporada ciclónica con menos temor y más confianza en su futuro.
