El juicio que se sigue en el Tribunal Supremo en torno al exministro José Luis Ábalos suma un nuevo episodio tras la comparecencia de Jéssica Rodríguez, quien ha apuntado directamente al conocimiento que, según su versión, tenía el exdirigente sobre su situación laboral en empresas públicas. Su declaración introduce elementos sensibles que vuelven a situar bajo la lupa el entorno político y personal del exalto cargo socialista.
De acuerdo con lo informado por EFE, Rodríguez declaró ante el tribunal que Ábalos sabía que no acudía a trabajar pese a figurar como empleada en Ineco y Tragsatec, donde percibió cerca de 43.978 euros entre 2019 y 2021 sin desempeñar funciones efectivas. La testigo aseguró que el exministro “estaba al tanto de todo”, situándolo en el centro de las decisiones que derivaron en su contratación y en la gestión posterior de sus supuestas actividades.
Durante más de dos horas de comparecencia, la testigo ofreció un relato con matices y vacíos, admitiendo en varios momentos no recordar detalles concretos. Aun así, sostuvo que su acceso a los puestos de trabajo se produjo tras enviar su currículum por indicación de Ábalos y que fue citada a una entrevista acompañada por Koldo García, figura clave en el caso y señalada en distintas fases de la investigación.
Uno de los aspectos más llamativos de su testimonio es la descripción de un sistema interno en el que, según dijo, no existía supervisión real. Rodríguez afirmó que nunca recibió instrucciones formales de sus centros de trabajo y que su actividad dependía de indicaciones externas, principalmente de personas vinculadas al entorno del exministro. Incluso aseguró que algunos registros se elaboraban de forma artificial para simular actividad laboral, una práctica que, de confirmarse, pondría en entredicho los mecanismos de control en las empresas públicas implicadas.
El caso también ha puesto el foco en Víctor de Aldama, empresario citado en el proceso y vinculado a la trama investigada. Rodríguez negó haber tenido relación directa con él o haber recibido pagos en efectivo, rechazando así algunas de las hipótesis que se han planteado en el curso de la investigación.
Más allá de su situación laboral, la testigo abordó aspectos personales relacionados con su vida durante su vínculo con Ábalos, incluyendo la vivienda en la que residió en Madrid. Según su relato, nunca supo con certeza quién asumía el coste del alquiler, aunque admitió que percibía que el exministro era quien, en última instancia, cubría los gastos vinculados a su entorno.
La investigación interna en Tragsatec ya había detectado irregularidades en el control de la actividad laboral, señalando la ausencia de fichajes y fallos en la supervisión. Estos elementos refuerzan las dudas sobre el funcionamiento interno de los contratos bajo escrutinio judicial y añaden presión al desarrollo del proceso.
El caso continúa en fase de instrucción y juicio, con nuevas declaraciones que podrían seguir arrojando luz sobre el alcance real de las responsabilidades y sobre la relación entre los implicados. Mientras tanto, la comparecencia de Rodríguez se consolida como uno de los momentos más relevantes del procedimiento, por el alcance de sus afirmaciones y las implicaciones que estas podrían tener en el desarrollo del caso.
