La salud mental dejó de ser un tema marginal para convertirse en una preocupación cotidiana en los hogares dominicanos. Las cifras más recientes revelan que los trastornos de ansiedad afectan a una porción significativa de la población, con un impacto que ya se siente en los servicios de salud, en la productividad y en la vida familiar.
Según datos ofrecidos por el Ministerio de Salud Pública, un 5.7 % de la población dominicana padece o ha padecido trastornos de ansiedad, una proporción que se sitúa por encima del promedio mundial estimado en 4.4 %. El contraste es claro y coloca al país ante un desafío que va más allá de las estadísticas.
El comportamiento de la depresión, sin embargo, muestra un matiz distinto. En República Dominicana, el 4.7 % de la población ha experimentado este trastorno, ligeramente por debajo del 5.7 % registrado a nivel global. Esta diferencia no reduce la gravedad del problema, pero sí invita a analizar factores culturales, sociales y de acceso a servicios que influyen en cómo se manifiestan estas condiciones en el país.
El panorama internacional refuerza la urgencia del tema. En escenarios como las Naciones Unidas se ha advertido que más de 1,000 millones de personas, equivalente al 12.7 % de la población mundial, viven con algún tipo de afección de salud mental. Dentro de ese contexto, uno de los datos más inquietantes es que el suicidio figura como la tercera causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años, una realidad que golpea con fuerza a sociedades en desarrollo y economías avanzadas por igual.
En el ámbito local, las autoridades reconocen avances que marcan un cambio de enfoque. El reconocimiento de los trastornos mentales como enfermedades crónicas ha permitido integrarlos de manera más formal al sistema de salud, facilitando tratamientos continuos y un abordaje menos fragmentado. A esto se suma un descenso progresivo del estigma, impulsado por campañas de educación y sensibilización que han abierto espacios de conversación antes impensables.
La agenda oficial también apunta a un marco legal más sólido. La salud mental ha sido incorporada como eje prioritario dentro de un plan nación, con la revisión de la Ley de Salud Mental No. 12-06 como uno de sus pilares. La propuesta de reforma, trabajada con el apoyo de organismos internacionales, expertos, la academia y diversas instituciones del Estado, busca garantizar políticas públicas sostenibles y acordes con la realidad actual.
La iniciativa legislativa, presentada al presidente del Senado en agosto de 2025, se encuentra en discusión en la legislatura en curso. Su aprobación podría marcar un antes y un después en la forma en que el país previene, diagnostica y trata los trastornos mentales, en un momento en que las cifras dejan claro que la salud emocional ya no admite improvisaciones.
