Santiago, R.D. Con brigadas desde primeras horas del lunes, la Alcaldía emprendió un operativo quirúrgico para desmontar “cables muertos” y soportes improvisados que saturaban postes y fachadas en avenidas de alto tránsito como la 27 de Febrero y la Juan Pablo Duarte. La intervención cumple la Ordenanza 3255-19 y arranca tras un inventario técnico que localizó kilómetros de líneas sin servicio y anclajes sin permiso.
La Dirección de Planeamiento Urbano aclaró que el tendido eléctrico no se toca; el retiro se concentra en telecomunicaciones y cable-guía instalados a menor altura, responsables de buena parte de la maraña visual que afea la ciudad y complica el acceso de grúas de emergencia.
“Esto no es un espectáculo de un día: dejaremos inspectores fijos y a quien vuelva a colgar cables le caerá la multa”, advirtió el alcalde Ulises Rodríguez, luego de denunciar que usuarios clandestinos le cuestan millones a las compañías formales.
El movimiento se alinea con las recomendaciones que el Indotel publicó a finales de 2024, donde urge a los ayuntamientos a crear manuales de buenas prácticas para el cableado y coordinarse con las prestadoras a fin de reducir la contaminación visual y los accidentes por líneas caídas. En Santo Domingo, un plan parecido retiró redes obsoletas en el Polígono Central entre las avenidas Kennedy y Churchill, liberando 4,3 km² de cielos urbanos.
La tendencia es regional la alcaldía de Coyoacán (CDMX) desmontó 40 toneladas de cables entre 2022 y 2024 para frenar robos y apagones; experiencias que Santiago toma como espejo para proyectar métricas de impacto y metas de reciclaje del cobre recuperado.
Próximos pasos: el Concejo de Regidores debatirá una versión reforzada de la ordenanza, mientras el Departamento de Telecomunicaciones se reestructura y prepara un manual técnico obligatorio para nuevas instalaciones. Las operadoras deben auditar sus redes y documentar cada tramo ante la Oficina de Planeamiento Urbano, so pena de suspensión de permisos.
Al limpiar el firmamento cableado, Santiago no solo gana estética; también reduce riesgos de incendio, mejora la resiliencia de fibras activas y manda un mensaje claro el espacio público se respeta. Ahora la pelota queda del lado de las empresas y de la ciudadanía, que tiene el deber de exigir un cielo menos enredado y una ciudad más segura.
