Una joven líder comunitaria fue secuestrada esta semana en el municipio de Jamundí, en el suroeste de Colombia, un hecho que ha generado amplia preocupación por la seguridad de quienes participan en organizaciones comunales en zonas de conflicto.
Según informó la agencia EFE, la víctima fue identificada como Sara Sofía González Fajardo, de 18 años, quien se desempeña como secretaria de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de San Antonio, en el departamento del Valle del Cauca. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DD.HH.) denunció el rapto y exigió su liberación inmediata, sana y salva.
A través de la red social X, el organismo internacional recordó a los grupos armados presentes en la zona su obligación de respetar la vida, la dignidad y los derechos humanos de toda la población civil, incluidos los líderes y miembros de las Juntas de Acción Comunal, quienes cumplen un papel clave en el desarrollo local.
La ONU también pidió al Estado colombiano activar de inmediato los mecanismos de búsqueda urgente y aplicar medidas efectivas de protección, en cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
El secuestro de González Fajardo ocurre en una región donde las disidencias de las FARC, el ELN y bandas vinculadas al narcotráfico mantienen fuerte presencia y disputan el control de los cultivos de coca y de las rutas del tráfico de drogas hacia el Pacífico. Estos grupos suelen amenazar o atacar a líderes sociales, defensores de derechos humanos y representantes comunales.
En los últimos años, Jamundí y municipios vecinos como Suárez y Buenos Aires, en el Cauca, se han convertido en puntos críticos de violencia armada, pese a los esfuerzos del Gobierno colombiano por implementar programas de seguridad territorial y sustitución de cultivos ilícitos.
Organizaciones sociales y autoridades locales han reiterado que la falta de presencia estatal efectiva deja a las comunidades rurales expuestas al control de los grupos ilegales. Por ello, el caso de Sara Sofía González reaviva el debate sobre la protección de los líderes sociales en Colombia, un asunto que sigue siendo una deuda pendiente del Estado.
