El Gobierno de Singapur implementará a partir del 1 de septiembre medidas más severas contra el tráfico y consumo de vapeadores que contengan etomidato, un anestésico de acción corta cuya presencia en estos dispositivos preocupa a las autoridades por su potencial de abuso.
Según informó la agencia EFE, la decisión fue anunciada por el ministro de Salud, Ong Ye Kung, quien explicó que el vapeo se ha convertido en una “puerta de entrada” para el consumo de sustancias prohibidas, especialmente entre jóvenes menores de 30 años. La reforma eleva las sanciones a niveles históricos en un país que ya era conocido por sus leyes estrictas en materia de drogas.
Los vendedores de vaporizadores con etomidato se enfrentarán a penas de hasta 10 años de prisión y cinco azotes, mientras que los importadores podrían recibir hasta 20 años de cárcel y 15 azotes. Esto representa un endurecimiento significativo respecto a las sanciones anteriores, que alcanzaban un máximo de dos años de prisión y no incluían castigos corporales.
El primer ministro, Lawrence Wong, había adelantado días antes la necesidad de reforzar la legislación, tras el desmantelamiento en enero de una red de distribución de estos dispositivos, conocidos también como kpod. La medida se acompaña de programas de rehabilitación obligatorios y multas de entre 500 y 700 dólares singapurenses para los consumidores, con sanciones progresivamente más duras en caso de reincidencia.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ya había alertado este año sobre la expansión del etomidato en Europa del Este y el Sudeste Asiático, lo que refuerza la decisión de Singapur de colocarse a la vanguardia regional en la lucha contra este tipo de sustancias.
Además de endurecer los castigos, el Gobierno instalará contenedores en todo el país para que los usuarios entreguen voluntariamente los dispositivos antes de que se activen medidas más coercitivas.
El debate sobre el vapeo no es exclusivo de Singapur. En junio, el Reino Unido prohibió la venta de cigarrillos electrónicos desechables como parte de un esfuerzo por reducir el acceso de los jóvenes a la nicotina y minimizar los residuos ambientales. Estos movimientos reflejan una tendencia global hacia un mayor control del vapeo, especialmente cuando se asocia con sustancias de riesgo.
