El arresto de un alto funcionario antidrogas estadounidense en Santo Domingo sacudió este jueves los cimientos de la cooperación bilateral en materia de seguridad. La detención, vinculada al presunto uso indebido de un programa de visas para informantes confidenciales, provocó el cierre inmediato de la oficina local de la Drug Enforcement Administration (DEA), una decisión que tomó por sorpresa a las autoridades dominicanas.
Según informó deultimominuto, el supervisor arrestado identificado como Melitón Cordero estaría bajo investigación por un caso encabezado por el Department of Homeland Security (DHS), en medio de lo que el gobierno del presidente Donald Trump calificó como una “repugnante y deshonrada violación a la confianza pública”. La información inicial fue revelada por The Associated Press, citando fuentes federales bajo condición de anonimato.
La embajadora estadounidense en el país, Leah F. Campos, comunicó a través de la red social X que la oficina antinarcóticos permanecería cerrada hasta nuevo aviso. Su mensaje fue tajante no permitirá ni siquiera la percepción de corrupción dentro de la misión diplomática. El tono dejó claro que Washington busca marcar distancia frente a cualquier irregularidad que comprometa su credibilidad institucional.
Desde el Palacio de la Cancillería dominicana, el ministro Roberto Álvarez explicó que la medida no guarda relación con el gobierno local, sino que responde a un proceso interno de Estados Unidos. Esa aclaración fue clave para evitar interpretaciones que pudieran tensar la relación bilateral, especialmente en un momento donde la cooperación en materia de narcotráfico resulta estratégica para ambas naciones.
El trasfondo del caso apunta al polémico programa de visas que gestionan agencias como la DEA y el Federal Bureau of Investigation (FBI), mediante el cual extranjeros vinculados a investigaciones pueden ingresar a territorio estadounidense aun cuando, en circunstancias normales, serían considerados inadmisibles por antecedentes criminales. La lógica detrás del esquema es pragmática facilitar información valiosa a cambio de protección y, en algunos casos, abrir la puerta a una eventual residencia permanente.
Sin embargo, el sistema arrastra cuestionamientos desde hace años. En 2019, la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia advirtió en un informe que las autoridades habían perdido el rastro de hasta mil personas patrocinadas bajo este programa. El documento señalaba riesgos reales para la seguridad pública y nacional, dado que algunos beneficiarios mantenían vínculos con actividades delictivas.
Ese antecedente vuelve hoy con fuerza al debate. En países como República Dominicana, donde el combate al narcotráfico implica redes transnacionales y operaciones de inteligencia sensibles, cualquier grieta en los mecanismos de control puede generar consecuencias diplomáticas y operativas.
El cierre temporal de la oficina de la DEA no solo representa un golpe simbólico. También obliga a revisar cómo se gestionan los procesos de cooperación, la supervisión interna y los filtros éticos dentro de las agencias estadounidenses desplegadas en el Caribe. La investigación apenas comienza, pero el mensaje político ya está sobre la mesa:Ç Washington busca demostrar tolerancia cero frente a la corrupción, incluso dentro de sus propias filas en el extranjero.
Habrá que observar cómo evoluciona el proceso y si surgen más detalles sobre el alcance real de las supuestas irregularidades. Lo cierto es que el caso reaviva una discusión incómoda sobre los límites entre la eficacia operativa y la transparencia institucional en la lucha contra el crimen organizado.
