El pasado domingo, la comunidad de Friusa en Bávaro, provincia La Altagracia, vivió momentos de alta tensión. Un grupo de ciudadanos salió a las calles con la intención de exponer su inquietud sobre la presencia de extranjeros en situación irregular, mientras exigían mayor control y seguridad por parte de las autoridades competentes. La actividad, que estaba anunciada como un evento pacífico y organizado, terminó con un tono distinto al que muchos esperaban.
Tal como informa deultimominuto, la periodista Arelis Suero describió escenas de forcejeos y detenciones cuando miembros de la Policía Nacional y otros cuerpos de seguridad bloquearon la marcha. En videos que circulan en redes sociales, se observa cómo el ambiente cambió con rapidez: voces de indignación se mezclaron con la intervención de uniformados, creando un escenario que dejó varios manifestantes tras las rejas y una estela de preocupación en la zona turística de Bávaro.
De acuerdo con la Oficina Nacional de Estadística (ONE), en la República Dominicana reside una importante comunidad extranjera, siendo la inmigración haitiana la de mayor incidencia (ONE, 2024). Algunos residentes en sectores como el Hoyo de Friusa han expresado temores relacionados con la seguridad, y señalan la necesidad de políticas más claras. Voceros de la Antigua Orden Dominicana, entidad que organizó la marcha, sostienen que la situación migratoria debe abordarse sin descuidar el respeto a los derechos humanos.
Otras voces de la sociedad civil, incluyendo líderes comunitarios en Verón-Punta Cana, han pedido prudencia en el manejo de las protestas. Citan informes de organismos internacionales que recomiendan intervenciones más equilibradas, a fin de evitar tensiones en zonas donde el turismo y la mano de obra migrante conviven a diario (Organización de Turismo del Caribe, 2023). Ese contexto refuerza la importancia de encontrar soluciones consensuadas.
Las autoridades locales han asegurado que el permiso otorgado para la actividad era legítimo, y que la presencia de los cuerpos de seguridad buscaba prevenir desórdenes. Sin embargo, el giro que tomó el evento encendió las alarmas sobre el trato dado a quienes protestan y la forma en que se controla la manifestación ciudadana. Voceros del Ministerio de Interior y Policía mantienen que revisarán los procedimientos aplicados, mientras la comunidad reclama una aclaración sobre lo ocurrido.
Aunque el ambiente continúa cargado de interrogantes, los residentes esperan que se canalicen los reclamos de manera armoniosa. Persiste la petición de que el Estado mantenga la estabilidad fronteriza sin menoscabar los derechos de las personas. El turismo en la zona depende en gran medida de la percepción de seguridad; por ende, los lugareños insisten en que las autoridades aporten soluciones que equilibren la protección nacional con el ejercicio libre de las libertades ciudadanas.
