La dirigencia del Partido Comunista de Venezuela encendió las alarmas políticas al exigir que el Ejecutivo aclare, sin rodeos, qué se conversa con Washington en medio del despliegue militar estadounidense en aguas caribeñas. Para el PCV, el momento impone transparencia absoluta, sobre todo cuando el país lidia con un clima de incertidumbre que se siente tanto en la calle como en los sectores estratégicos.
Según EFE, la organización actualmente intervenida por el Tribunal Supremo de Justicia insistió en que la ciudadanía desconoce el alcance de la reciente comunicación entre Nicolás Maduro y Donald Trump, confirmada públicamente por el expresidente estadounidense. La vocera Jackeline López cuestionó que negociaciones de ese calibre se mantengan bajo reserva, alegando que asuntos vinculados a la soberanía “no pueden manejarse como si fueran secretos de Estado”.
Las advertencias del PCV se producen en un contexto agitado. La presencia militar de Estados Unidos en el Caribe despertó nuevas tensiones regionales y desató reacciones entre gobiernos vecinos. López apuntó directamente hacia Trinidad y Tobago, al que acusó de alinearse con los intereses norteamericanos, una acusación que expone fisuras históricas entre Caracas y algunos países insulares cuando se trata de operaciones de seguridad en la zona.
Mientras la presión diplomática se eleva, Maduro definió como “terrorismo psicológico” la movilización militar estadounidense. El mandatario encabezó una concentración en Caracas en la que anunció cambios en la estructura del buró político del chavismo y juró mantener una “lealtad absoluta”, dejando entrever que su estrategia interna es reforzar cohesión y disciplina entre sus cuadros.
El aumento de tensiones en el espacio aéreo venezolano tiene repercusiones directas. La advertencia de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, emitida el 21 de noviembre, provocó una cadena de suspensiones de vuelos, afectando conexiones desde y hacia Caracas. A esa reacción se sumó la Agencia Española de Seguridad Aérea, que extendió hasta final de año la recomendación de evitar el sobrevuelo en cercanías del aeropuerto de Maiquetía. Aerolíneas como Iberia, Air Europa y Plus Ultra ajustaron sus operaciones, generando un impacto inmediato en la movilidad de pasajeros y mercancías.
La respuesta del gobierno venezolano fue igual de contundente revocó permisos a siete aerolíneas internacionales, un paso que agrava la desconexión aérea del país en un momento de alta tensión geopolítica.
En paralelo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana reportó la inutilización de una aeronave en Apure, que según el comandante estratégico Domingo Hernández Lárez volaba sin identificación ni plan de vuelo. Las autoridades la clasificaron como un “Blanco de Interés”, bajo la presunción de que estaría vinculada a actividades ilícitas transfronterizas. Con esta intervención suman 27 aeronaves neutralizadas en 2024 y 418 desde la entrada en vigencia de la ley que regula la defensa del espacio aéreo.
La FANB sostiene que estas operaciones son necesarias para impedir que organizaciones criminales utilicen el territorio venezolano como corredor. El momento elegido para difundir esta acción refuerza el mensaje de que, mientras Washington argumenta que su despliegue en el Caribe busca combatir el narcotráfico, Caracas percibe la maniobra como una amenaza directa a su estabilidad política.
El clima regional vuelve a tensarse y abre interrogantes sobre la relación entre Caracas y Washington. Aunque la llamada entre Maduro y Trump podría representar un intento de acercamiento o al menos de gestión de crisis, la falta de información pública alimenta suspicacias que hoy se expresan tanto en la oposición tradicional como en sectores de izquierda críticos del gobierno.
