Ticketmaster salió al frente de la tormenta pública que se desató tras la venta fulminante de los boletos para los doce conciertos de Bad Bunny previstos en 2026. En un comunicado dirigido a la prensa, la plataforma asegura que nunca aplicó precios dinámicos ni escondió tarifas adicionales y que todo el costo gastos de gestión incluidos se mostró “desde el primer clic”.
Según la agencia EFE, la empresa subraya que los importes se fijaron antes de abrir la taquilla virtual y que en un solo día despacharon más de 600 000 localidades para los estadios de Madrid y Barcelona, “batiendo todos los récords” de la música en directo española.
Sin embargo, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) no comparte esa versión. La semana pasada presentó una denuncia ante el Ministerio de Consumo por “cobro irregular y abusivo”, al alegar que los gastos de gestión se cargan solo al fan y que ni siquiera son reembolsables si necesita devolver la entrada. Esa queja abrió la puerta a una investigación oficial el ministro Pablo Bustinduy calificó la práctica como “un abuso clarísimo” y recordó que la ley obliga a mostrar el precio final sin sorpresas.
El expediente de Consumo también mira con lupa la supuesta “donación obligatoria” vinculada a la fundación del artista y la activación automática de precios inflados durante los picos de demanda, una modalidad que ya levantó críticas en otros macroconciertos dentro y fuera de España. Ticketmaster, por su parte, insiste en que jamás varió sus tarifas y que colaborará “al cien por ciento” con las autoridades para demostrarlo.
Este choque no es nuevo en la industria. El fiasco de Taylor Swift en EE. UU. hace tres años puso bajo la lupa la posición dominante de Ticketmaster y su matriz, Live Nation, un pulpo que controla más del 70 % del mercado global de boletería. En Europa, la Directiva Ómnibus obliga a informar con total transparencia cada cargo aplicado al consumidor; en España, la futura ley audiovisual endurecerá aún más las multas, que pueden rozar los cinco millones de euros o el 4 % de la facturación anual, lo que llegue más alto.
Por ahora, el asunto está en manos de los inspectores. Si se confirma la irregularidad, el precedente podría sacudir a todo el negocio de los grandes espectáculos y forzar a las ticketeras a rediseñar su modelo. Mientras tanto, los fans dominicanos que sueñan con ver a Bad Bunny en Madrid harían bien en revisar dos veces el importe antes de darle al botón de “comprar”.
