Cuatro presuntos asaltantes que, según la Fiscalía, venían sembrando el pánico en sectores céntricos de la capital deberán pasar los próximos tres meses tras las rejas mientras avanzan las investigaciones en su contra. La magistrada Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Atención Permanente del Distrito Nacional, acogió la petición del Ministerio Público y envió a Ronny Mora de la Mora, Alexander Pérez Castillo, Ángel José Reyes Vélez y Justin de la Rosa Mejía al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres. La próxima audiencia de revisión fue fijada para el 18 de noviembre de 2025, conforme al artículo 239 del Código Procesal Penal, que ordena revisar de oficio toda prisión preventiva cada tres meses.
Un patrón violento y perfectamente coordinado
De acuerdo con la fiscal Roxanna Molano, el grupo operaba a bordo de un Hyundai Elantra alquilado, interceptando a sus víctimas con armas largas y cuchillos. El 12 de agosto, a las 6:33 a. m., dos mujeres fueron despojadas de un Samsung A23 y otros efectos personales. Doce horas después, un segundo atraco dejó como botín un iPhone 13 Pro Max, un Galaxy Note 20, RD$1,500 y documentos. La Policía ubicó el vehículo en la avenida Francisco del Rosario Sánchez, en Los Guandules, y detuvo a los sospechosos con dos escopetas calibre 12 mm, un puñal y parte de los celulares sustraídos.
Delitos agravados por armas ilegales
La imputación no se limita al robo con violencia. El Ministerio Público invocó, además de los artículos 265, 266, 379 y 385 del Código Penal, las tipificaciones de la Ley 631-16 sobre armas de fuego. El artículo 66 castiga la tenencia ilegal con hasta cinco años de cárcel, mientras que el 67 sanciona la portación sin licencia; ambos contemplan penas mucho más severas de quince a cuarenta años si el arma se usa en un atraco o causa lesiones. Eso explica por qué la Fiscalía insiste en prisión preventiva: la sola combinación de robo y armas prohibidas eleva sustancialmente la expectativa de condena y el riesgo procesal.
La otra cara de las estadísticas
Paradójicamente, el país cerró 2024 con 19,994 robos menos que el año anterior, según el balance de la Policía Nacional. Las autoridades atribuyen la baja a operativos masivos y a la retención récord de más de 6,000 armas de fuego. Sin embargo, expertos advierten que la reducción global no borra los focos de criminalidad que persisten en barrios vulnerables, donde bandas como la desarticulada la semana pasada encuentran terreno fértil.
Lo que viene
La audiencia de noviembre será clave la defensa intentará demostrar arraigo suficiente para variar la medida, mientras el Ministerio Público procurará una extensión de hasta 18 meses, tope legal para la prisión preventiva en casos complejos. Si prospera la acusación por asociación de malhechores, robo agravado y uso de armas ilegales, los imputados se exponen a penas que podrían superar los 20 años. Mientras tanto, la comunidad de Los Guandules y sectores aledaños espera que la rápida respuesta judicial marque un precedente y refuerce la sensación de seguridad ciudadana.
