El Gobierno de Donald Trump anunció la cancelación de ayudas por más de 7.500 millones de dólares destinadas a proyectos de energía renovable en 16 estados bajo control demócrata, una decisión que marca otro giro en su política energética hacia la promoción de combustibles fósiles y energía nuclear.
Según informó la agencia EFE, el Departamento de Energía estadounidense comunicó que se eliminarán 321 subvenciones asociadas a 223 proyectos que, según el Gobierno, “no aportaban beneficios significativos ni garantizaban un retorno económico positivo” para los contribuyentes. La medida representa, de acuerdo con el comunicado oficial, un ahorro de unos 7.560 millones de dólares.
Los proyectos afectados se desarrollaban en estados como California, Nueva York, Massachusetts o Washington, y estaban financiados por programas vinculados a la eficiencia energética, la modernización de redes eléctricas y la investigación de tecnologías limpias avanzadas. Las autoridades no detallaron los proyectos específicos, aunque se sabe que muchos formaban parte de la agenda de transición energética impulsada por la anterior administración.
El director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russell Vought, defendió la decisión a través de un mensaje en la red social X, donde aseguró que el Gobierno “ha puesto fin a la falsa iniciativa del Nuevo Pacto Verde”, en alusión a los esfuerzos de la administración demócrata anterior por impulsar energías renovables y reducir la dependencia de los combustibles fósiles.
Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha priorizado la expansión de la minería de carbón, la fracturación hidráulica (fracking) y el desarrollo de energía nuclear avanzada, mientras ha detenido proyectos eólicos y solares en varios estados de tendencia demócrata. Su estrategia busca, según ha declarado, aumentar la producción eléctrica nacional para satisfacer la creciente demanda de los centros de datos que sostienen el auge de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías.
Analistas del sector energético advierten que esta decisión podría ralentizar la transición energética en regiones clave y afectar la creación de empleos verdes, especialmente en comunidades que habían recibido inversiones federales para proyectos sostenibles. Sin embargo, la Casa Blanca insiste en que el objetivo es garantizar “una política energética realista y económicamente responsable”.
La medida reafirma la dirección de la administración Trump hacia una agenda energética tradicional, centrada en la rentabilidad inmediata y la independencia energética, incluso a costa de los compromisos climáticos internacionales.
