La política boliviana Jeanine Áñez recuperará la libertad tras casi cinco años de prisión, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia anulara la sentencia de diez años que pesaba en su contra por el caso denominado golpe de Estado II. La decisión marca un giro inesperado en el proceso judicial que la mantuvo recluida desde 2021 y reabre el debate sobre la legitimidad de los juicios emprendidos tras la crisis política de 2019.
Según la agencia EFE, el máximo tribunal del país dispuso la nulidad de la sentencia al encontrar “vulneraciones del ordenamiento legal vigente”, lo que habría afectado el debido proceso y los derechos fundamentales de la exmandataria. El presidente del TSJ, Romer Saucedo, explicó que la resolución ordena su liberación en el día, una vez que un juez de ejecución penal la apruebe formalmente en La Paz.
Áñez, que gobernó Bolivia de forma interina entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020, había sido condenada en junio de 2022 por asumir el mando tras la renuncia de Evo Morales, quien abandonó el país en medio de protestas y acusaciones de fraude electoral. La exmandataria fue juzgada por la vía ordinaria, aunque su defensa insistía en que correspondía un juicio de responsabilidades, mecanismo reservado para expresidentes y otras altas autoridades del Estado.
El fallo del TSJ se basa precisamente en esa argumentación la consideración de que Áñez, como exjefa de Estado, debió ser procesada bajo el procedimiento especial previsto en la Constitución. Este criterio había sido respaldado ya por decisiones previas de tribunales departamentales que en agosto anularon otros dos procesos relacionados con los hechos de Senkata y Sacaba, trasladándolos igualmente a la vía de juicio de responsabilidades.
El desenlace tiene implicaciones políticas profundas. Para algunos sectores, el fallo representa un paso hacia la reparación de las irregularidades judiciales cometidas tras la crisis de 2019. Para otros, simboliza un retroceso en los esfuerzos por hacer justicia a las víctimas de los enfrentamientos ocurridos en aquel periodo convulso. El expresidente Evo Morales ha reiterado en varias ocasiones que lo sucedido fue un golpe de Estado, mientras los partidarios de Áñez defienden que asumió el poder por vacío institucional.
El país andino se enfrenta ahora a un nuevo escenario jurídico y político, con un TSJ que busca recomponer su imagen de independencia y una sociedad aún polarizada entre quienes consideran a Áñez una usurpadora y quienes la ven como una figura transitoria en medio del caos. Su liberación podría redefinir el clima político boliviano de cara a los próximos meses.
