El debate político en Caracas volvió a encenderse luego de que el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, adelantara que Venezuela emprenderá un camino para abandonar la Corte Penal Internacional (CPI), una decisión que coloca al país en una posición inédita frente a los organismos multilaterales y que reconfigura su relación con instancias de investigación internacional.
Según EFE, Rodríguez defendió esta postura durante una sesión de la Asamblea Nacional, donde acusó a los jueces de la CPI de actuar bajo intereses ajenos a la justicia y afirmó que la institución ha mostrado un comportamiento “subordinado” ante presiones externas. El legislador respaldó la derogación del Estatuto de Roma tratado que da sustento legal a la permanencia del país en la corte, cuyo proyecto será debatido nuevamente esta semana.
La discusión parlamentaria estuvo marcada por un discurso confrontativo en el que el jefe del Legislativo vinculó la salida de la CPI con un gesto político hacia Palestina, argumentando que el tribunal ha actuado con lentitud ante denuncias de abusos en Oriente Medio. Sin embargo, la corte emitió en 2024 órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant por crímenes de guerra y lesa humanidad, un hecho que contradice la acusación de inacción absoluta.
Rodríguez también arremetió contra Estados Unidos, a quien señaló como “dueño” de la CPI y culpable de impulsar una “guerra psicológica” contra Caracas. La percepción de hostilidad estadounidense se avivó tras el despliegue aeronaval en el Caribe, que Washington justificó como una operación antidrogas, pero que el Gobierno de Nicolás Maduro interpreta como un movimiento para presionar un cambio político.
En paralelo a esta tensión, la propia CPI anunció el 1 de diciembre el cierre de su oficina en Caracas, argumentando que no ha habido avances suficientes en las investigaciones internas sobre presuntos crímenes de lesa humanidad. El fiscal adjunto Mame Mandiaye Niang explicó que, pese al diálogo sostenido con las autoridades, la falta de progresos obligaba a replegar la presencia física de la institución. No obstante, dejó claro que las pesquisas continúan activas desde La Haya.
Este proceso tiene raíces profundas la CPI abrió en 2018 una investigación sobre Venezuela tras la remisión de varios Estados que denunciaron violaciones sistemáticas de derechos humanos desde 2017. El gobierno venezolano insistió en que su propio sistema judicial estaba llevando los casos, pero la corte determinó en 2023 que esos esfuerzos no eran suficientes, ordenando la reanudación de la investigación.
La eventual salida de Venezuela de la CPI no detendría automáticamente las indagaciones, pues la jurisdicción del tribunal permanece vigente para hechos cometidos mientras el país estuvo adherido al Estatuto de Roma. El debate nacional ahora gira en torno a qué implicaciones políticas y jurídicas traerá esta decisión, en un momento en que el país enfrenta un escrutinio internacional continuo y un escenario regional que observa con atención sus próximos pasos.
