Las últimas horas han dejado a miles de familias venezolanas con un sentimiento de desasosiego, luego de que el Gobierno de Nicolás Maduro confirmara la interrupción de los vuelos de repatriación desde Estados Unidos, un mecanismo que había funcionado como válvula de descompresión en medio del intenso flujo migratorio de los últimos años.
Según EFE, la suspensión fue consecuencia directa del anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, quien declaró “cerrado” el espacio aéreo venezolano. Esta decisión impactó de inmediato un acuerdo que, desde enero, había permitido que aeronaves estadounidenses ingresaran al país para ejecutar operativos conjuntos de deportación y retorno.
Durante varios meses, los dos Gobiernos lograron sostener un hilo de cooperación a pesar de la ruptura diplomática vigente desde 2019 y de la tensión creciente en la región caribeña, donde EE.UU. mantiene un despliegue aeronaval que Venezuela considera amenazante. Ese frágil equilibrio empezó a deteriorarse en noviembre, cuando la FAA emitió una advertencia para extremar precauciones al sobrevolar el Caribe sur, decisión que desató una cadena de cancelaciones de vuelos comerciales hacia territorio venezolano.
En ese contexto, Caracas respondió con la revocación de las concesiones a seis aerolíneas, un gesto que evidenció lo delicado del escenario bilateral. Aun así, el acuerdo migratorio se había mantenido activo, permitiendo según cifras oficiales 75 vuelos y el retorno de casi 14 mil venezolanos. El último grupo arribó el 21 de noviembre desde Phoenix, con 200 personas a bordo, entre ellas cinco niños.
La repatriación de menores ha sido uno de los capítulos más sensibles del proceso. El Gobierno venezolano denunció la separación de niñas y niños de sus padres deportados, calificando la práctica como un “secuestro”. El caso más sonado fue el de una pequeña de dos años que llegó sola a Venezuela en mayo y que, tras semanas de presión pública, fue reunificada con su madre en el Palacio de Miraflores. Autoridades locales aseguran que más de 60 niños permanecen “retenidos” en EE.UU., lo que continúa alimentando tensiones.
El acuerdo también sirvió como marco para otros intercambios políticos. Un ejemplo fue el retorno en julio de 252 venezolanos que habían sido trasladados a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador bajo acusaciones de pertenecer al Tren de Aragua, y la liberación simultánea de diez ciudadanos estadounidenses. Aunque opositores y mediadores, como el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, confirmaron negociaciones paralelas, Caracas ha negado cualquier vínculo entre esos procesos y la repatriación de migrantes.
Las fricciones se hicieron sentir igualmente en el terreno petrolero. Maduro llegó a afirmar que la suspensión de la licencia de Chevron afectó los vuelos de deportación, aunque poco después se reanudaron. Meses más tarde, el propio mandatario informó que la petrolera había recibido nuevamente autorización para operar, coincidiendo con la liberación de un grupo de migrantes venezolanos que habían sido enviados previamente a El Salvador.
El parón “unilateral” del acuerdo migratorio vuelve a dejar a ambos países en un punto de fricción que parecía haber cedido ligeramente durante el año. La situación migratoria, ya de por sí compleja, entra ahora en un limbo que afecta tanto a quienes esperan regresar como a quienes enfrentan procesos de deportación en territorio estadounidense. Lo que ocurra en las próximas semanas definirá si la cooperación, aunque mínima, vuelve a encarrilarse o si la ruta aérea entre ambos países continuará bloqueada.
