La caída de Al Fasher volvió a poner en evidencia el nivel de devastación que arrastra Sudán desde que estalló la disputa entre el Ejército y las Fuerzas de Apoyo Rápido. Lo ocurrido en esa ciudad dejó un sentimiento de desamparo entre quienes lograron sobrevivir al asedio y a la ofensiva final, marcada por escenas de terror que todavía se describen con dificultad.
Según la agencia EFE, la oficina del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, recopiló testimonios directos que coinciden en la magnitud del ataque: miles de personas habrían sido asesinadas en apenas unos días, a finales de octubre, cuando la ciudad cayó en manos del grupo paramilitar.
Esos relatos dibujan un escenario de violencia extrema. Ejecutaron a civiles en las calles, y muchos murieron intentando escapar del cerco que ya llevaba más de 500 días estrangulando a la población. Algunas mujeres denunciaron agresiones sexuales, incluidas violaciones colectivas frente a familiares, mientras otros habitantes hablaron de secuestros para extorsión y saqueos que arrasaron con lo poco que quedaba. Para Türk, los hechos no solo encajan con crímenes de guerra; también podrían elevarse al rango de crímenes de lesa humanidad por la carga étnica evidente que arrastran.
Lo inquietante es que la violencia parece moverse como un incendio sin control. Kordofán, en el centro del país, se ha convertido en el nuevo punto de choque entre el Ejército y las FAR, un traslado del conflicto que amenaza con replicar lo sufrido en Darfur. Türk alertó que el país no aguanta otra tragedia como la de Al Fasher y pidió acciones firmes para forzar un alto el fuego que permita volver a la senda de una autoridad civil.
La guerra sudanesa también tiene un componente silencioso pero decisivo el flujo de armas que alimenta la confrontación. A pesar del embargo vigente, informes de Naciones Unidas apuntan a que al menos 16 Estados facilitan, fabrican o financian parte del armamento usado por los bandos, incluidos drones y municiones provenientes de ocho países distintos. Aunque el Gobierno sudanés acusa a Emiratos Árabes Unidos de abastecer a las FAR, el alto comisionado señaló que aún se requieren investigaciones más profundas para establecer responsabilidades con claridad.
Mientras tanto, en el campo de batalla aparece equipamiento cada vez más sofisticado. Los drones ahora centrales en las ofensivas dejan pocas dudas de su procedencia externa, lo que revela intereses geopolíticos y redes empresariales moviendo recursos para sostener a uno u otro actor del conflicto. Esa combinación de tecnología militar avanzada, rivalidades regionales y fracturas internas mantiene a Sudán atrapado en un ciclo que parece lejos de cerrarse.
