El reciente atentado contra un reconocido defensor de los derechos de las comunidades rurales vuelve a encender las alarmas sobre la fragilidad de la seguridad en Palmira, al suroeste de Colombia. El clima de tensión se intensifica en zonas donde grupos armados imponen sus propias reglas, afectando de manera directa a quienes impulsan el desarrollo local y promueven la defensa de la tierra.Según EFE, la víctima, de nombre Alcides Castellanos, fue asesinada en su finca por hombres armados que irrumpieron en el corregimiento de Tenjo. Este líder social venía alzando la voz en favor de los pequeños agricultores, una labor que lo convirtió en símbolo de resistencia para muchas familias de la región.
Esta agresión no puede verse como un hecho aislado. Informes del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) mencionan que, en lo que va de año, al menos 45 liderazgos sociales han sido silenciados a balazos en distintos puntos del país. La Defensoría del Pueblo advierte sobre la presencia de grupos al margen de la ley en Palmira, a través de la Alerta Temprana 010/24, la cual llama la atención sobre los persistentes riesgos que enfrentan líderes que trabajan en defensa de los derechos comunitarios.
La problemática en áreas rurales del Valle del Cauca no es nueva. Reportes de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) señalan que los desplazamientos forzados y las restricciones de movilidad en el suroeste colombiano se han incrementado por la confrontación entre disidencias de las FARC y otras bandas criminales. Las comunidades, especialmente aquellas con tradiciones campesinas arraigadas, se sienten desprotegidas y exigen mayor presencia institucional para frenar la escalada de violencia.
Por otro lado, se suman esfuerzos internacionales de observación, como el monitoreo de varias ONG dedicadas a la defensa de los derechos humanos, que han documentado agresiones contra colectivos que defienden la tierra y el medio ambiente. Esta realidad impone retos tanto para el gobierno central como para las autoridades locales, quienes enfrentan la presión de organizaciones criminales interesadas en controlar territorios estratégicos para actividades ilícitas.
El homicidio de Castellanos revuelve la conciencia ciudadana y expone la vulnerabilidad de quienes luchan por el bienestar colectivo. Resulta imperativo reforzar las redes de protección en zonas históricamente azotadas por la violencia, así como promover espacios de diálogo que permitan a líderes sociales continuar con su trabajo sin temor a represalias. Con cada voz que se pierde, se desdibuja un proyecto de cambio capaz de mejorar la calidad de vida de sectores que, a pesar de las amenazas, se niegan a rendirse.
