La República Dominicana sigue apostando a un modelo económico donde el crecimiento no se mide solo en cifras macroeconómicas, sino en empleos formales y oportunidades reales para la gente. En ese escenario, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes ha colocado el trabajo digno como eje central de su estrategia, con resultados que ya comienzan a sentirse en distintos puntos del país.
Durante su participación en el Concordia Horizon Summit: Dominican Republic 2026, el ministro Yayo Sanz Lovatón expuso cómo la expansión de la inversión en manufactura y energías renovables está conectándose directamente con inclusión social y desarrollo territorial. El planteamiento no se quedó en discurso: los datos presentados muestran un 2025 histórico para las zonas francas, con más de 200,000 empleos directos y un incremento salarial acumulado de 66 %, un salto significativo en la calidad del empleo industrial.
La industria local también aportó lo suyo, generando cerca de 120,000 nuevos puestos de trabajo en el último año. Esa dinámica ha sido clave para sostener el ritmo de crecimiento que, según cifras del Banco Central, mantiene al país entre las economías más dinámicas de América Latina. La diferencia ahora es el énfasis en que ese crecimiento tenga rostro humano y alcance provincias que durante décadas quedaron rezagadas.
Uno de los pilares para sostener esa competitividad es la formación de talento. Los programas de formación dual en polos industriales, las alianzas entre universidades y empresas, y las becas especializadas en áreas como software, inteligencia artificial y ciberseguridad buscan cerrar la brecha entre academia y mercado laboral. La llamada Industria 4.0 ya no es una etiqueta futurista; se está convirtiendo en una política concreta para elevar la movilidad social.
El impulso a la zona fronteriza también forma parte de la estrategia. Con la Ley 12-21 de Desarrollo Fronterizo, los proyectos aprobados en 2025 proyectan más de 3,500 empleos en comunidades vulnerables. A esto se suman parques eco-industriales orientados a economía circular y resiliencia climática, así como una hoja de ruta para reducir la brecha de género en la manufactura, un sector históricamente masculinizado.
En paralelo, las micro, pequeñas y medianas empresas ocupan el centro del tablero. Representan el 98 % del tejido empresarial, generan el 61.6 % del empleo y aportan el 32 % del PIB. No se trata de actores secundarios; son la columna vertebral de la economía dominicana. El financiamiento por más de RD$10,900 millones canalizado a través de Promipyme en 2025, junto con la posibilidad de utilizar marcas y patentes como garantía crediticia, abre un nuevo capítulo para negocios que antes carecían de respaldo formal.
La digitalización también ha cambiado las reglas del juego. La reducción de 80 % en los tiempos de formalización mediante la Ventanilla Única ha facilitado la creación de más de 54,000 empresas en los últimos cinco años. Menos trámites, más productividad. Esa simplificación administrativa ha sido clave para atraer a emprendedores que antes operaban en la informalidad.
El enfoque territorial complementa el esquema. Las “Rutas Mipymes” han llevado asesoría directa a miles de emprendedores, mientras el Estado fortalece su rol como cliente estratégico al priorizar compras públicas a empresas certificadas como “Mipymes Mujer” y al sector industrial local. Así se construye un círculo virtuoso: más formalidad, mayor acceso a mercado y mejores ingresos.
La meta de duplicar el PIB al 2036 luce ambiciosa, pero el planteamiento oficial apunta a que no será posible sin un crecimiento que incluya a las mipymes, a las provincias fronterizas y a los jóvenes que buscan insertarse en la economía digital. El desafío no es solo crecer, sino hacerlo de manera que cada nueva inversión se traduzca en bienestar tangible para la población.
