Santo Domingo.– Las sirenas de las ambulancias ya no son el único ruido que inquieta en los pasillos de los hospitales públicos. Desde el lunes, inspectores migratorios se pasean entre camillas y salas de parto comprobando documentos y, si faltan, anotan un nombre para deportación tan pronto el paciente se recupere. En el primer día, 87 mujeres haitianas embarazadas quedaron bajo custodia, un número que para organizaciones de derechos humanos confirma “la puntería selectiva” de la nueva política.
Tal como informó EFE, la medida forma parte de las 15 disposiciones anunciadas el 6 de abril por el presidente Luis Abinader para contener la inmigración irregular y “proteger los recursos sanitarios del país”.
Una línea fina entre salud y frontera
El protocolo obliga al personal médico a exigir identificación válida, carta de trabajo y prueba de domicilio antes de cada consulta. Si el paciente no cumple los requisitos, recibe la atención de emergencia y luego pasa a manos de la Dirección General de Migración (DGM) para su repatriación. “Quien no esté en regla debe marcharse voluntariamente o lo buscaremos”, advirtió Abinader en cadena nacional, justificando la presencia de agentes dentro de 33 hospitales públicos.
Desde la óptica oficial, se trata de “ordenar la atención a extranjeros y garantizar la sostenibilidad del sistema hospitalario”, según un comunicado de la DGM y el Servicio Nacional de Salud que capacitó al personal para el nuevo procedimiento. Las autoridades calculan que la red pública gasta más de RD$5,000 millones anuales en partos de mujeres haitianas, una cifra que, aseguran, desborda el presupuesto.
El reclamo de Amnistía Internacional
Para Amnistía Internacional (AI), la medida “deshumaniza” y viola el derecho fundamental a la salud. “Vincular la atención médica con la deportación disuadirá a las personas de acudir al hospital y pondrá vidas en peligro”, subrayó Ana Piquer, directora regional de AI, en una acción urgente publicada esta semana.
AI también recordó que, desde octubre de 2024, más de 180 000 haitianos han sido expulsados del territorio dominicano en operativos que argumenta constituyen expulsiones colectivas prohibidas por el derecho internacional.
Un debate que desborda la isla
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advierte que la crisis sanitaria haitiana se agrava a tal punto que ha solicitado US$18,5 millones para sostener hospitales de campaña y caravanas médicas en 2025. Con los centros de salud haitianos semiparalizados, el flujo de pacientes hacia la República Dominicana es, según fuentes médicas, “inevitable”.
A nivel político, la tensión coincide con llamados nacionalistas a “cerrar la frontera” y con la construcción de un tramo adicional del muro divisorio que suma ya 11 000 soldados desplegados en la línea limítrofe. El gobierno, por su parte, acusa a la comunidad internacional de “dar la espalda a Haití” y dejar a Santo Domingo solo ante la crisis.
Riesgos para la salud pública y el futuro inmediato
Epidemiólogos consultados alertan que el temor a ser deportado podría retrasar la atención de embarazadas y pacientes con enfermedades contagiosas, abriendo la puerta a brotes de cólera o malaria en la isla binacional. Algunos hospitales reportan ya una caída en consultas prenatales de mujeres extranjeras, aunque el Ministerio de Salud aún no publica cifras oficiales.
¿Y ahora qué?
AI exige derogar el protocolo y cesar las expulsiones colectivas; la DGM lo considera “un paso histórico” para ordenar el sistema. En el medio quedan médicos obligados a jugar a policías migratorios y pacientes que, documento en mano o no, solo buscan un parto seguro o un antibiótico.
La pelota, como suele pasar, está en la cancha política. Mientras tanto, cada ambulancia que llegue a un hospital dominicano traerá no solo una urgencia médica, sino también una pregunta de frontera.
