Las horas han sido muy movidas para el escenario político argentino, marcado por un debate nacional que no afloja. La expresidenta Cristina Fernández apuesta sus fichas a un recurso de ‘queja’ ante la Corte Suprema, intentando tumbar los seis años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Sus seguidores aseguran que esta movida redefine el panorama político, mientras los detractores ven una nueva batalla legal destinada a posponer una decisión definitiva.
De acuerdo con información proporcionada por EFE, el equipo legal de Fernández pretende argumentar inconsistencias en las sentencias que la señalaron por presunta administración fraudulenta. El abogado Carlos Beraldi ha informado que presentaron sus planteamientos ante la máxima instancia judicial, que podría tardar días, meses o incluso años en dictaminar. Esa falta de un plazo fijo alimenta expectativas y mantiene el país atento a cada detalle que se filtre desde los pasillos del Palacio de Justicia.
En la medida en que el asunto se prolonga, crece la tensión entre el oficialismo y las voces opositoras, sobre todo después de que el presidente Javier Milei nombrara por decreto a dos magistrados para la Corte Suprema hasta fin de año. Expertos en derecho señalan que, si la Corte rechaza el recurso de la exmandataria, su condena quedará firme, y entonces podría gestionar prisión domiciliaria amparándose en los beneficios contemplados en la legislación argentina para mayores de 70 años.
Fuentes abiertas y comentarios en foros especializados recuerdan que ya hubo resoluciones previas por parte del Tribunal Oral Federal 2 y la Cámara Federal de Casación Penal, ambas coincidieron en la culpabilidad de Fernández en relación con el manejo de obras viales. También se destaca el reclamo del fiscal Mario Villar, quien insiste en una pena más elevada, de 12 años, con el agravante de asociación ilícita.
Todo esto se produce mientras analistas locales proyectan un golpe de alto voltaje para el peronismo, cuyo liderazgo siempre ha pivotado en torno a figuras fuertes. Aunque Fernández no se encuentra detenida, estos procesos judiciales suman elementos a un ambiente político cargado de incertidumbre. No son pocos quienes advierten que la balanza de la justicia argentina, y el futuro inmediato de los principales actores políticos, se juega en decisiones que podrían redefinir el legado de toda una generación.
